Martha Tagle
Fuente: El Sol de México
Mérida, 20 de octubre de 2026.- El voto abrió la puerta de la política a las mujeres, pero no derribó las paredes de un poder construido por y para los hombres. A 73 años de la reforma constitucional del 17 de octubre de 1953, la pregunta ya no es cuántas hemos llegado, sino cuánto podemos decidir.
Hace seis décadas, María Lavalle Urbina, una de las dos primeras senadoras y la primera mujer que presidió el Senado, resumió esa exclusión con una frase que sigue vigente: “Los hombres me dan la silla, pero no me dan el lugar”. Hoy ocupamos más sillas, pero debemos preguntarnos quién define la agenda, administra el presupuesto, reparte las candidaturas y toma las decisiones finales.
El avance es innegable. México tiene por primera vez una Presidenta; el Congreso alcanzó la paridad y las mujeres somos mayoría entre quienes votan. En 2024 participó 64.3 por ciento de las electoras, frente a 54.8 de los hombres. Sin embargo, menos de 30% por ciento de las presidencias municipales y alcaldías están encabezadas por mujeres.
Los números cuentan la historia, no toda. La integración paritaria no ha significado una distribución paritaria del poder. Seguimos haciendo política bajo reglas escritas por los hombres: horarios incompatibles con los cuidados, acuerdos fuera de los espacios formales, liderazgos verticales, recursos discrecionales y decisiones reservadas para unos cuantos.
Los partidos suelen cumplir la paridad como quien llena una cuota, no como quien comparte poder. Postulan mujeres sin darles siempre recursos, candidaturas competitivas ni libertad para decidir. Incluso presentan su nominación como castigo: si una resolución obliga a reservar espacios para ellas, alegan que perjudica a los hombres, como si las candidaturas les pertenecieran y nosotras los despojáramos de algo suyo.
Necesitamos pasar de la representación numérica a la sustantiva: mujeres con atribuciones, recursos, autonomía y capacidad para transformar las instituciones. No basta estar presentes para legitimar decisiones tomadas en otra parte, ni que una mujer llegue si debe reproducir las prácticas que nos han excluido.
¿Qué falta? Yo creo que, ante todo, construir alianzas entre mujeres. La violencia política busca aislarnos y convertirnos en adversarias. Aliarnos no significa pensar igual ni renunciar a nuestras diferencias partidistas; significa reconocer que ninguna podrá enfrentar sola estructuras diseñadas para conservar privilegios. Cuando acordamos una causa común podemos modificar leyes, instituciones y conversaciones públicas.
Deben cambiar las reglas de los partidos, transparentar recursos, garantizar candidaturas competitivas, y democratizar las dirigencias. La paridad no puede reducirse a contar nombres: debe medirse por la capacidad de decidir y gobernar sin violencia.
Como ha planteado la jurista feminista Alda Facio, no se trata sólo de repartir el pastel, sino de cambiar la receta. Queremos que el acceso y el ejercicio del poder sean democráticos, plurales, representativos, horizontales y cercanos a la ciudadanía. No buscamos sustituir una dominación por otra, sino hacer del poder una herramienta colectiva.
¿Para qué queremos las mujeres el poder? Para que nuestros derechos no dependan de la voluntad de quienes gobiernan y la igualdad escrita se vuelva realidad cotidiana. Para decidir presupuestos que prevengan las violencias, garanticen salud, cuidados y empleos dignos. Para redistribuir no sólo los cargos, sino la capacidad de decisión. Queremos poder para transformar la vida de las mujeres y ampliar la democracia.
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