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Diputados lidian con el costo de su rechazo al matrimonio igualitario
Antonio Salgado Borge (*)
Publicado en Diario de Yucatán
Pocos asuntos han generado tanto interés y discusión en Yucatán como el reciente proceso de votación en el Congreso local sobre el matrimonio igualitario. Si bien la mayoría de las personas que nos representan finalmente decidió votar contra el reconocimiento pleno de este derecho, es claro que el tema se encuentra muy lejos de estar cerrado.
Por ejemplo, hace unos días, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (CPTFY) presentó dos amparos contra la votación secreta. El primero se debe a que el Congreso no tenía las facultades para votar en secreto y la ciudadanía tiene derecho a conocer y juzgar las decisiones tomadas por las autoridades. El segundo a que el Congreso violó el pacto federal al no hacer caso a la determinación de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que para cumplir la Constitución debe permitirse el matrimonio igualitario. Además, un grupo de personas presentó ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán una demanda por omisión legislativa. A ello debemos sumar que el activismo a partir de este caso y la cobertura de la prensa local y nacional han logrado construir redes pro derechos que suman a las personas interesadas en defender los derechos humanos en el estado, particularmente a las más jóvenes.
El costo político-electoral que su manejo del matrimonio igualitario ha representado para Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), para Felipe Cervera Hernández (PRI) y para sus partidos —los dos principales opositores en el Congreso al reconocimiento de este derecho— difícilmente puede ser exagerado. El problema para éstos es que contra lo que habían planeado, no han logrado cerrar un flanco por el que se les ha escapado parte importante de su capital político-electoral. Identificados por una parte significativa del público como operadores de la cara más rancia e intolerante del conservadurismo local, Cervera Hernández y Rosa Adriana Díaz tendrían que reinventarse drásticamente —o colgarse de nuevo de plurinominales— si pretenden seguir desempeñando cargos públicos.
Una dificultad evidente es que es complicado pedir una autoreinvención en sentido pro derechos o un comportamiento democrático a quienes han sido formados y han prosperado políticamente en un sistema opresivo y antidemocrático. En consecuencia, en lugar de reinvenciones democráticas, lo que hemos visto en días recientes es frustración y desesperación en forma de una campaña diseñada para desprestigiar a las y los activistas pro derechos en el estado y a los derechos humanos mismos. Así, Felipe Cervera dijo en días pasados que las personas que han luchado por el reconocimiento del matrimonio igualitario (1) son pocas —según Cervera cuatro, exactamente y poco representativas, (2) que las tiene plenamente identificadas y (3) que estas personas buscan cobrar “facturas políticas”.
El primero de estos puntos puede ser leído como una señal de que el coordinador de los diputados del PRI no ha entendido o no quiere reconocer cómo funcionan los derechos humanos. Que todo el mundo menos una persona crea que las personas negras no son igualmente humanas a las blancas no hace que las demandas de la única persona que exige igualdad sean menos válidas en términos de derechos humanos. Un repaso a la historia muestra que, en su momento, derechos que hoy son reconocidos como fundamentales fueron difundidos por una minoría de activistas. Además, la idea de “cuatro activistas” es a todas luces falsa. Que, por ejemplo, dos activistas reconocidos a nivel nacional como Carlos Luis Escoffié —colaborador de “Animal Político” y de la revista “Nexos”— o Alex Orué —director de “ItGetsBetterMx”— sean piezas fundamentales y voceros de la lucha pro derechos no implica que son las únicas personas a favor del reconocimiento de estos derechos. Decir lo contrario implica menospreciar a parte muy importante y cada vez más numerosa de la sociedad yucateca.
El segundo punto mencionado por Felipe Cervera, la idea de que tiene “identificadas” a las personas activistas, ha sido subrayado con preocupación por “Article 19”, una de las principales organizaciones defensoras de derechos a la libertad de expresión en el mundo. Para “Article 19”, las declaraciones de Cervera parecen “mensajes con el objetivo de inhibir la defensa de los derechos humanos… las y los diputados locales tienen la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, lo cual implica ser objeto de escrutinio público. El Congreso de Yucatán debe respetar tanto las críticas a través de artículos de opinión como la defensa judicial de los derechos humanos. No puede estigmatizar a quienes buscan un ejercicio más transparente y democrático de las funciones legislativas”. Más claro, imposible.
El tercer punto de Cervera, la idea de que las y los activistas locales buscan cobrar “facturas políticas”, habla volúmenes de la concepción de política del legislador priista. Todo parece indicar que en su concepción de la vida pública no existe la posibilidad de que personas, como Orué o Escoffié, busquen defender los derechos humanos, o que reclamen públicamente a las y los representantes que no lo hagan, sin asumir que éstas las mueve la intención de beneficiar a sus rivales políticos. Buscar el castigo electoral a quienes tienen un pobre desempeño es un elemento fundamental en una democracia. En todo caso, ha sido el propio Cervera, junto con Rosa Adriana Díaz quienes han beneficiado enormemente a sus rivales. Los grandes ganadores en términos partidistas de lo ocurrido en el Congreso son, merecidamente, Movimiento Ciudadano y, de pasada, Morena.
Pero Cervera y el PRI no están solos en su desesperación y su incapacidad de reacción ante tiempos que no terminan de entender. Manuel Díaz, diputado del PAN, repitió recientemente el primero de los puntos de Cervera —la “poca representatividad de las y los activistas”— y añadió, por increíble que parezca, que (a) el matrimonio no es un derecho humano o que las personas se apegan a la ley que les conviene; así como unas personas se basan en lo que dice la CIDH en términos de matrimonio, dijo, otras pueden basarse en lo que el Tribunal Europeo en el sentido de que el matrimonio no es un derecho. Manuel Díaz remató afirmando que (b) bajo la lógica de libertad de elección la gente puede reclamar casarse con su perro como un derecho.
Como ha evidenciado en su declaración, el primero de los puntos de Manuel Díaz implica una falsedad catedralicia; el Tribunal Europeo sí reconoce el matrimonio igualitario. Además, el supuesto escenario disputado es también una falsedad de a kilo: las principales organizaciones defensoras de derechos humanos en el mundo —por ejemplo, ONU, CIDH, HRW, AI— y de México —por ejemplo, CNDH, Conapred— defienden todas el derecho al matrimonio igualitario. El segundo de los puntos mencionados por Manuel Díaz, la comparación del matrimonio igualitario con el matrimonio con animales es simple y llanamente un despropósito; un comentario discriminatorio, vulgar e indigno de una persona que aspire a representarnos.
Por sus palabras, Díaz y su partido tendrían que, como mínimo, disculparse públicamente. En otros países, esto implicaría renuncias y deslindes inmediatos.
La desesperación y la frustración de algunos de nuestros legisladores es evidente. Pensaron que podrían bloquear el reconocimiento de un derecho en la oscuridad y evitar el costo político que ello implica. Ante su equivocación y en busca de reparar parte de las aspiraciones electorales seriamente lastimadas, el único camino de salida que han sabido o podido ver ha pasado por desprestigiar a los activistas críticos o, en su defecto, a las causas pro derechos contra las que estas aspiraciones han encallado. Ya sea señalando a las y los activistas locales, buscando engañar sobre la posición de las principales organizaciones defensoras de derechos humanos, ridiculizando al concepto de derechos humanos o, de plano, comparando a las personas LGTBI con animales, la idea es una y la misma: legitimar lo ilegitimable.
Dado que el reconocimiento pleno al matrimonio igualitario es cuestión de tiempo y considerando el prestigio de los activistas locales y la importancia de sus causas, las reacciones descritas antes son importantes exclusivamente para fines analíticos; es decir, para subrayar el desfase entre algunas de las personas que nos representan y el Yucatán contemporáneo. El problema es que declaraciones como las de Felipe Cervera o Manuel Díaz no son inocuas, pues contribuyen a perpetuar la discriminación o la opresión hacia miles de personas en el estado. Tal como escribió el doctor Rodrigo Llanes Salazar en un recomendable artículo, “la posición en contra del matrimonio igualitario es condenable moralmente, pues reproduce explícita o implícitamente la homofobia al considerar a las personas LGBT personas de segunda, que no pueden gozar de los mismos derechos que las personas heterosexuales. Esta homofobia se traduce en humillación, vergüenza, miedo, odio y violencia que puede culminar en la muerte de personas LGBT.” (Diario de Yucatán, 29/04/2019).
Esto es, las posiciones de nuestros legisladores legitiman el discurso de odio que algunas personas promueven en el estado. Ejemplo de ello es que en Yucatán opera una serie de “bots” —cuentas de redes sociales falsas o automatizadas— que agreden verbalmente a las personas LGTBI y que celebran las agresiones físicas en su contra; basta con revisar el perfil detrás de algunos comentarios y con conocer algo del tema para identificar que este es el caso. Desde luego, estas cuentas no se manejan ni financian solas; es una tarea periodística pendiente encontrar quién o quiénes se benefician esparciendo este discurso. En este contexto, que legisladores como Felipe Cervera o Manuel Díaz busquen salvar sus carreras embarrando a los grupos o causas pro derechos es tan irresponsable como condenable.— Edimburgo, Reino Unido.
asalgadoborge@gmail.com
Antonio Salgado Borge
@asalgadoborge
Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (ITESM)