viernes , 7 febrero 2025
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Extrema barbarie en Tekit

Francisco José Parra Lara (*)

Fuente: Diario de Yucatán

De lo mucho que ha circulado sobre el infame caso de Tekit, donde resalta el linchamiento y posterior homicidio tumultuario mediante la combustión dolosamente provocada en la persona de “El huero”, el asombro e incredulidad que más parece resaltar en la sociedad yucateca derivan de la presencia en dicho hecho criminal de niños, niñas y adolescentes (NNA).

Para poder dimensionar las consecuencias sociales y legales que tendrían, no solo los padres o tutores sino los que hubieran permitido y más alentado que los NNA estuvieran presentes en la ejecución del infausto crimen, se citarán los siguientes argumentos, sostenidos como parte de sus conclusiones, del “Informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional”, elaborado en conjunto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en 2019:

El linchamiento “es el acto de agresión física que lleva al cabo un grupo de personas, incitados por la propia multitud, en contra de una o más personas, con el pretexto de ser supuestamente sancionada(s) por la colectividad por la presunta comisión de una conducta delictiva o en agravio de la comunidad, justificándose en la inoperancia de la autoridad, a la que consideran no sancionará a los responsables, por lo tanto deciden tomar la justicia en sus manos y castigar de manera corporal, directa e inmediata a los sujetos presuntamente responsables, sin permitirles defensa legal alguna, lo que puede llegar a provocar su muerte, y de si ésta no se produce por el desistimiento de los ‘linchadores’ o porque fue impedido, por autoridades u otras personas”.

“Para la CNDH, el linchamiento en México representa un fenómeno moderno y cualquier esfuerzo para restringirlo a lo tradicional es problemático; el planteamiento que ve en el derecho consuetudinario un detonante de linchamiento carece de contundencia y evidencia”

“El linchamiento es el extremo de la barbarie, ejecutada por un grupo de individuos en contra de personas en inferioridad numérica, que trae aparejada una serie de deficiencias en el esquema de prevención, seguridad pública, impartición de justicia, pero también muestra carencias en muchos casos en lo educativo, social y cultural de la población participante”.

“En su mayoría, los linchamientos tienen lugar en escenarios de marcada pobreza y precariedad social; e ineficacia en el desempeño de las instituciones estatales encargadas de garantizar el monopolio de la coacción física, sea por limitaciones en el efectivo control institucional de su territorialidad, sea porque el ejercicio de ese monopolio estatal es juzgado ilegítimo por determinados grupos de población”.

“Durante el desarrollo del linchamiento ‘las masas cobran el poder que les da la pérdida del rostro individualizado’ (frase atribuida a Carlos Monsiváis).

“Los perpetradores actúan bajo el anonimato que les brinda la colectividad, cubren sus rostros conscientes de su conducta y de que no serán identificados, ejecutando los actos más crueles al amparo que ‘los hombres pueden equivocarse, el pueblo no’.

“Estos actos violentos no sólo son dirigidos a particulares como castigo, también pueden ir en contra de autoridades como medio de presión, amenaza y negociación, valiéndose de vidas para la exigencia de sus demandas”.

“Los protocolos de prevención y atención en casos de linchamientos resultan críticos en la actuación de los cuerpos policiacos, ya que más de la mitad de los ciudadanos calificaron el desempeño de las autoridades encargadas de la seguridad de la población poco efectivo, seguido de nada efectivo.

“La inclinación se mantiene con respecto al desempeño de la autoridad para atender un caso de linchamiento, pero en este caso, la población lo considera desde nada efectivo hasta poco efectivo”.

“El 54 por ciento de la población encuestada dicen estar de acuerdo con que la justicia con mano propia aplicada a un presunto delincuente debe ser aceptada. Lo anterior da testimonio de la percepción de la ineficacia de las autoridades, pues al no existir confianza en ellas, la población busca alternativas para “ejercer justicia”.

“Respecto a si las personas que cometen actos de linchamiento deben de ser juzgados legalmente, la opinión se encuentra ligeramente a favor de quienes piensan que los linchadores no deberían tener consecuencias legales. Las personas que están totalmente en desacuerdo con este tipo de actos son mínimas, mientras que las que están totalmente de acuerdo es un poco mayor, la mayoría de las personas están de acuerdo”.

En ese contexto, no es raro que, en este país, tan sobresaturado de noticias sobre el aumento y diversificación de la violencia en los últimos años, el linchamiento sucedido en Tekit haya tenido el desenlace mortal que tuvo.

Al final, se evidenció que Yucatán es parte de México, lo que incluye ser partícipe de las prácticas sociales delictivas que antes habían dejado de ser algo novedoso en otros lugares.

Eventos como el que se comenta sobre Tekit evocan lo retratado en la literatura, cine y televisión acerca de cómo la gente, incluidos los niños, han participado desde tiempos inmemorables en el espectáculo que representan las ejecuciones públicas de personas.

Guerras, revoluciones, conflictos militares o civiles diversos darían cuenta de ello. De ahí que, sin ser expertos en la materia, podemos suponer que ese afán de presenciar y hasta de gozar de tales actos de suma crueldad los seres humanos, incluidos los yucatecos, lo habríamos de llevar genéticamente, “en la sangre”, dirían los románticos. Factor antropológico que solo necesitaría de un evento detonante, como pasó en dicho municipio, para manifestarse con claridad.

El sistema normativo internacional, nacional y local, como es ampliamente conocido, protege a los NNA hasta en contra de ellos mismos, esto es, de los actos y omisiones que voluntariamente decidan ejecutar si existe, al menos, la duda razonable de que tales conductas serían lesivas para aquellos. (Continuará).— Mérida, Yucatán.

Doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Guanajuato.

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