jueves , 28 marzo 2024

Endurecerían sanciones por delitos contra el transporte público en Yucatán

El diputado Jesús Pérez Ballote, en representación de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Yucatán, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado en materia de delitos contra el transporte público de pasajeros, cuya finalidad  es  imponer penas más severas a aquellos que dañen intencionalmente la infraestructura, el mobiliario y las unidades de transporte público.

La mencionada iniciativa contempla la adición de dos modalidades de ejecución, en los numerales 167 y 169 bis del Código Penal, con el fin de brindar mayor especificidad a la legislación estatal para perseguir y sancionar este tipo de conductas ilícitas, en concordancia con los principios de legalidad, tipicidad y literalidad propios del Derecho Penal, según explicó el diputado Pérez Ballote.

«Con esta propuesta, se proporcionarán herramientas adicionales a los Ministerios Públicos y autoridades competentes para llevar a cabo labores de investigación y procuración de justicia, con el objetivo de que los actos de daño o alteración al patrimonio público no queden impunes», agregó el legislador.

En virtud de la propuesta del PAN, aquellos encontrados responsables de este delito podrían enfrentar penas de prisión que van desde los 6 meses hasta los 6 años, además de una multa que oscilaría entre 100 y 500 veces la Unidad de Medida y Actualización.

Es importante recordar que en las últimas fechas se han registrado casos de vandalismo contra cajeros de recarga de tarjetas del sistema «Va y Ven», así como pintadas realizadas por usuarios en unidades de dicho sistema. Ante esta situación, se reconoce que la propuesta del PAN busca sancionar este tipo de actos y prevenir futuros incidentes que afecten el transporte público en el estado.

La iniciativa presentada por el diputado Jesús Pérez Ballote será sometida a análisis y discusión por parte de las comisiones correspondientes en el Congreso de Yucatán, en busca de alcanzar consensos que permitan fortalecer la protección del transporte público y garantizar la integridad de su infraestructura para beneficio de los usuarios en todo el estado.

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