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De luces y de sombras
Santiago A. Alamilla Bazán (*)
Fue un sábado por la mañana, estaba dando clase a los estudiantes de la maestría en la Facultad de Economía cuando, debido a mi responsabilidad en ese momento en la CFE, recibí la llamada donde me decían que el municipio de Mérida cambiaría todas sus luminarias por unas de “una tecnología nueva”. Se me pedía contactar con el ayuntamiento para entrar en materia y detalle.
El cambio se realizó sin que se pudiera acreditar lo que la empresa proveedora pregonaba, las lámparas no estaban dentro de las normas oficiales mexicanas, no iluminaban bien, no eran para alumbrado público y, además, se apagaban fácilmente.
Justo es decir que los funcionarios que en ese momento estaban en Servicios Públicos Municipales tuvieron poca o nula injerencia en el proceso, los limitaron únicamente a procesar las facturas para el pago; todo se ordenó desde Palacio, hasta la fecha me pregunto en cuál de los dos.
El sistema de alumbrado público de Mérida es muy extenso, es prácticamente igual que el de la ciudad de Guadalajara, casi como el de Monterrey, la mitad de el de la ciudad de Los Ángeles y un tercio del de Ciudad de México; es decir, es un sistema muy grande lo que, debido a la densidad de población, hace que tengamos un mucho mayor número de luminarias por habitante.
La administración de Angélica Araujo Lara comprometió 484 millones de pesos en un contrato que no solamente resultaba caro, sino que también le quitaba al municipio la propiedad de su sistema de alumbrado ya que ese dinero era para pagar renta, no se estaban comprando las luminarias, se estaban rentando; es decir, que después del proceso había que devolverlas a su propietario.
No puedo hablar de los aspectos legales, pero sí de la parte técnica: las luminarias de Angélica son de mala calidad, mal armadas, iluminan mal, no están acordes con las características de la energía con que se alimentan, se requieren tres de Angélica para iluminar lo mismo que una de las que quitaron y que volvimos a poner en la administración siguiente; la CFE nunca reconoció los ahorros que ofrecieron porque nunca pudieron demostrarlos y a la fecha en que se dio por terminado el contrato había más de quince mil apagadas, con una afectación de más del veinte por ciento de la ciudad, la cual empezaba ya a resentir los estragos de la falta de alumbrado público.
Desde el primer día de la administración pasada recibimos quejas y más quejas de los ciudadanos y evasivas de la empresa.
La situación se hizo insostenible debido a la falta de atención, lo que derivó en la decisión de finiquitar el contrato y sustituir con unas luminarias propiedad de los meridanos que les proporcionaran la seguridad necesaria para sus personas y sus cosas, en la movilidad para llegar de sus casas a sus trabajos, escuelas o diversiones. Nos dimos a la tarea de crear el Reglamento de Alumbrado Público del Municipio, el cual fue aprobado de manera unánime por todas las fuerzas políticas, que evitará que ocurrencias de ese tipo pongan en riesgo a los habitantes de la Mérida blanca; es decir, que hoy esas luminarias chinas que esperan su destino final en bodegas jamás hubieran podido ser instaladas ya que no cumplen los requisitos mínimos para ser parte del alumbrado de cualquier ciudad.
El reemplazo de estos equipos de 484 millones le costó a la ciudad 187 millones de pesos, equipos que tienen tres veces mejor iluminación y que son propiedad de todos nosotros; de ahí el reclamo del porqué tenemos que pagar por los errores y equivocaciones de administradores que literalmente acordaron esta renta en lo oscurito. Más allá de lo legal o no de los contratos, no debemos perder de vista que la materia que les da origen resultó inservible y fallada, no apta para lo que la empresa proveedora dijo que servían; equivale a que contratemos una empresa para realizar una mudanza y nos envíen una motocicleta sin chofer para que veamos cómo hacerle para transportar nuestras cosas de un lugar a otro, y después nos exijan el pago de tres camiones nuevos por reclamar que la motocicleta no era apta para lo que la contratamos.
El ayuntamiento ha presentado el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como última instancia para que los jueces puedan ver, además de los papeles, el problema principal que originó todo.
Es decir, la renta de luminarias que no iluminan, que ponían en riesgo a los ciudadanos de Mérida y por las que ahora nos quieren hacer pagar lo mismo que costaría cambiar todo el alumbrado público de Ciudad de México.
Esperemos que el buen juicio ilumine a los magistrados para tomar su decisión.— Mérida, Yucatán.
*Catedrático. Subdirector de Alumbrado Público de Mérida 2012-2015
Hoy esas luminarias chinas jamás hubieran podido ser instaladas ya que no cumplen los requisitos mínimos para ser parte del alumbrado de cualquier ciudad…
