El costo de enfermarse

Gabriela Salido

Fuente: El Sol de México

Mérida, 20 de octubre de 2026.- Las transferencias directas y los programas sociales representan un ingreso vital para millones de familias en México; un respaldo frente a la precariedad que ayuda a cubrir el gasto cotidiano. Sin embargo, ese esfuerzo financiero choca contra un muro cuando el cuerpo falla.

¿De qué sirve recibir un apoyo gubernamental si, al enfermarse, el dinero termina en la caja de una farmacia privada, porque la clínica pública no tiene medicamentos? Para quienes viven al día, perder la salud significa endeudarse, sacrificar otras necesidades y poner en riesgo la estabilidad familiar.

Los datos del Inegi y el Coneval exponen la dimensión de esta tragedia: mientras en 2018 alrededor de 20.1 millones de personas carecían de acceso a servicios de salud, para 2024 la cifra escaló a 44.5 millones. No basta con redactar decretos de gratuidad universal o anunciar giras. El derecho a la salud exige instituciones capaces de cobijar a las personas en su momento de mayor vulnerabilidad.

El desabasto sistemático ilustra a la perfección esta brecha entre la retórica y la realidad. De acuerdo con el colectivo Cero Desabasto, tan solo en 2023 quedaron sin surtirse completamente más de 7.5 millones de recetas en las instituciones federales. Detrás de cada folio incompleto hay un paciente obligado a decidir si paga de su bolsillo, interrumpe un tratamiento vital o sacrifica su alimentación para sanar. El resultado es una privatización silenciosa y cruel.

Ante la asfixia presupuestal del sector público, las familias terminan asumiendo una carga desproporcionada: hoy los pagos directos representan alrededor del 41 por ciento del gasto corriente en salud en el país. El Estado claudica en su obligación y empuja al ciudadano a resolver su urgencia en el consultorio privado, no por preferencia, sino por pura desesperación.

En la base de este sistema roto se encuentra el personal médico, sosteniendo con vocación lo que la administración desmorona. Médicos, enfermeras y trabajadores de la salud enfrentan jornadas extenuantes, superados por una demanda que rebasa por completo la capacidad instalada y los insumos disponibles de sus unidades. Resulta injusto convertirlos en el blanco de la frustración ciudadana o responsabilizarlos por fallas que exigen voluntad presupuestal, infraestructura digna y orden logístico.

La política social de un país no puede medirse únicamente por el volumen de dinero en efectivo que reparte, sino por la garantía de que sus ciudadanos puedan ejercer sus derechos fundamentales sin que una emergencia médica los arroje a la miseria.

La contradicción gubernamental es insostenible: el Estado transfiere recursos a las familias con una mano, pero permite que un sistema de salud colapsado se los arrebate con la otra. Un apoyo económico gubernamental puede aliviar la compra de la canasta básica, pero jamás sustituirá una cirugía, un diagnóstico oportuno o un medicamento.

Enfermarse en México no debería significar una condena financiera ni obligar a nadie a elegir entre surtir una receta, pagar la renta o alimentar a sus hijos. Un sistema público que orilla a sus pacientes a tomar esas decisiones no está garantizando un derecho constitucional; simplemente está trasladando el costo de su ineficiencia a quienes menos margen tienen para sobrevivir.