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Mérida, 16 de junio, 2025.- Habitantes del puerto de Sisal alzaron la voz ante lo que consideran un ecocidio en curso: el relleno sistemático de humedales y manglares en la zona oriente del puerto, área clasificada como reserva federal.
Con maquinaria pesada y volquetes cargados de arena extraída del canal de refugio pesquero, la transformación del ecosistema avanza sin freno y, según denuncian, con la complicidad de autoridades locales y la omisión de dependencias ambientales.
Señalan a comisario y operadores del relleno
Vecinos del puerto acusan directamente al comisario ejidal, Joaquín Galaz, de ser uno de los principales responsables de esta afectación ambiental. De acuerdo con los testimonios, Galaz no sólo dirige las labores de relleno, sino que además comercializa los volquetes de arena a 400 pesos cada uno, obtenidos del dragado del puerto de abrigo.
Vecinos del puerto también señalaron como operadores del relleno a Jordy Burgos, conocido como “Cholo”, y a Alejandro Esquivel, alias “Caprice”, quienes presuntamente ocupan de forma ilegal los humedales.
De acuerdo con los testimonios, dichas personas vierten la arena en una franja de la ciénega ubicada en la zona oriente del puerto, dentro de terrenos clasificados como reserva federal.
Sin embargo, hasta el momento no se ha registrado presencia alguna de inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ni de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado (SDS), lo cual ha generado preocupación entre la población.
De acuerdo con las denuncias, las actividades ilegales se estarían llevando a cabo con el respaldo tácito de la presidenta municipal de Hunucmá, Cristina Pérez, y del encargado de zona federal del Ayuntamiento. Las y los habitantes sostienen que el objetivo final es facilitar desarrollos inmobiliarios en un ecosistema clave para el equilibrio costero.
En este contexto, también se acusa de omisión deliberada a José Alberto González Medina, titular de la oficina de representación de Profepa en Yucatán, y a Jesús Arcadio Lizárraga Véliz, subdelegado de Recursos Naturales, quienes no han respondido a las denuncias interpuestas por ciudadanos y pescadores desde hace semanas.
Pescadores y vecinos organizados lanzaron un llamado urgente al Gobierno del Estado para detener de inmediato las actividades ilegales que amenazan uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos del litoral yucateco.
“No queremos turismo a costa de la destrucción de nuestros manglares”, expresaron tajantes. Además, exigieron una investigación a fondo y sanciones ejemplares para los responsables del ecocidio en marcha.
El relleno de manglares, además de ser una violación a la legislación ambiental, elimina barreras naturales que protegen a las comunidades costeras de inundaciones y fenómenos meteorológicos, por lo que su pérdida representa un grave riesgo ambiental y social.
