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Rodrigo Llanes Salazar (*)
Fuente: Diario de Yucatán
Una de las mayores injusticias que están teniendo lugar actualmente en Yucatán es la criminalización de Wilberth Nahuat Puc, subcomisario de la comunidad maya de Santa María Chí y defensor ambiental.
Como expresamos en una carta publicada el pasado 6 de noviembre, Wilberth es un servidor público ejemplar: un subcomisario que sirve a su pueblo, atendiendo y gestionando trámites, brindando servicios públicos, colaborando para la creación de una biblioteca en la comisaría y para la organización de actividades culturales. Por todas estas razones, Wilberth fue recientemente reelegido como subcomisario por una abrumadora mayoría de Santa María Chí (172 votos, frente a los 58 del segundo lugar).
Wilberth también es un ferviente defensor de los derechos de su pueblo, particularmente ante las afectaciones por la operación de una mega granja de más de 40 mil cerdos. Sobre los efectos negativos causados por esta mega granja he escrito en varias ocasiones en este espacio, pero vale la pena recordarlos.
Primero, la granja opera en unidades de gestión ambiental que, de acuerdo con el Programa de Ordenamiento Territorial del Estado de Yucatán, son incompatibles con la porcicultura, debido a la vulnerabilidad del acuífero a ser contaminado por dicha actividad. La empresa responsable de la granja argumenta que, como opera desde 1986, antes de la publicación de la Ley General del Equilibrio y la Protección al Ambiente, dicha normatividad no aplica a ella.
Sin embargo, esta empresa comenzó como una granja mucho más pequeña, de 5 naves, que con el paso de los años fue creciendo hasta constituirse actualmente como una de las mega granjas más grandes de Yucatán, con 72 naves para engorda, destete, gestación y maternidad de cerdos. Cabe señalar que esta expansión se dio sin que la empresa ni el Estado (como es su obligación) consultara o informara a la comunidad de Santa María Chí.
Aún más, esta idea de “derechos adquiridos” no aplica para el daño ambiental (ni para cualquier violación de derechos humanos). Que realices una actividad que contamina el ambiente antes de que se promulgue una ley no te excusa para seguir contaminando en la actualidad. Es importante señalar que, aunque la mega granja cuenta con tres biodigestores y una laguna de aireación, no tiene planta de tratamiento de las aguas residuales (esto es, de los desechos de los cerdos), como exige la normatividad.
Las consecuencias de los abusos anteriores son palpables en la comunidad. La superficie donde se vierten los desechos de la granja parece un triste pantano de aguas negras. Aunque estas tierras son propiedad de la granja, sus efectos son para toda la región. Recordemos la naturaleza kárstica de nuestro suelo, altamente poroso, con poca capacidad de retener sustancias, por lo que todo se filtra hasta el acuífero subterráneo, la única fuente de agua dulce que tenemos en el estado.
Derivado de lo anterior, el agua de los pozos de Santa María Chí se encuentra gravemente contaminada. Su color es turbio, despide un aroma pestilente e incluso tiene gusarapos (da mucha tristeza cuando los vecinos de Santa María dicen que antes en los pozos podían ver pececitos de colores y ahora, en cambio, se encuentran con gusarapos). Varios análisis de agua que se han realizado —de coliformes, particularmente las peligrosas bacterias E. Coli y salmonela, sólidos suspendidos totales— revelan que dichos agentes se encuentran muy por encima de lo permitido por las normas oficiales.
Los pozos más profundos de Santa María Chí tienen una profundidad de 18 metros, es decir, llegan a un nivel del manto freático que ya se encuentra contaminado (para encontrar agua limpia hay que descender a más de 30 metros de profundidad). Sin embargo, de acuerdo con testimonios de vecinos de la comunidad, los pozos con los que se suministra agua a los cerdos de la mega granja tienen hasta 60 metros de profundidad. Los vecinos de Santa María han pedido a las autoridades pozos más profundos para tener acceso a agua limpia, pero hasta ahora esta solicitud no ha sido atendida.
Otra consecuencia de la operación de la granja son los malos olores que despide. Estos se pueden sentir prácticamente todo el tiempo, aunque se intensifican durante la temporada de lluvias. La pestilencia no sólo es una sensación desagradable, sino que tiene efectos nocivos en la salud física y mental, y también ha afectado la vida cotidiana de la comunidad (la preparación de alimentos y su consumo, el apeste se impregna en la ropa, ya no se puede salir a tomar el fresco a gusto).
Una consecuencia más es la proliferación de moscas y moscos, con sus respectivas afectaciones a la salud. La porcicultura en Yucatán se promueve alegando que genera empleos —más de 10 mil empleos directos, según la Semarnat—, sin embargo, los agravios de esta mega granja no han sido compensados en la comunidad, pues sólo 5 personas de Santa María Chí están empleadas en la granja.
Asimismo, la mega granja opera a pesar de no contar con todas las autorizaciones que dicta la ley. Hasta la fecha, no cuenta con autorización ambiental. Esta situación no es privativa de la mega granja de Santa María Chí, pues, de acuerdo con un informe de Greenpeace, sólo 18 granjas porcícolas cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental (de un total de 507 posibles granjas identificadas por la Semarnat en todo Yucatán).
Ante esta situación de ilegalidad, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán emitió la Norma técnica ambiental NTA-001-SDS-22 en diciembre de 2022 para que las granjas porcícolas se pongan al día en sus autorizaciones.
¿Así, antes de presentar su Manifestación de Impacto Ambiental en 2023, la granja Santa María quemó desechos de los cerdos, provocando un incendio que tardó más de un mes en extinguirse por completo. Los humos tóxicos estuvieron presentes en Santa María Chí más de un mes, intensificando los malos olores (de estiércol y químicos) que la comunidad ha sufrido por años, así como agravando enfermedades respiratorias.
La granja Santa María tampoco cumple con la disposición de la Norma técnica ambiental de guardar una distancia mínima de un kilómetro con respecto a los centros de población, pues se encuentra a alrededor de 200 metros de la comunidad de Santa María Chí. Tampoco cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental a nivel federal ni con concesión de descarga de aguas residuales por parte de la Conagua. A nivel municipal, la licencia de uso de suelo y de funcionamiento municipales ya no se encuentran vigentes. Todo esto ameritaría una clausura inmediata.
Por todas estas razones, sobre todo por el incendio que intensificó los agravios causados por la operación de la granja y por la falta de respuesta de las autoridades municipales y estatales, en mayo de 2023, vecinos de la comunidad levantaron un campamento de protesta pacífica para exigir que se cumpla la ley.
Con el acompañamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, niñas, niños y adolescentes de la comunidad presentaron un amparo por afectaciones a su salud, ambiente y agua derivadas de la operación de la granja, gracias al cual han obtenido suspensiones judiciales que ordenan a las autoridades establecer medidas de protección y mitigación de daños ambientales. Sin embargo, de acuerdo con un informe del Instituto, no todas las medidas se han cumplido. Las nuevas administraciones, municipal y estatal, tampoco han atendido la problemática de Santa María Chí: la alcaldesa de Mérida aún no visita la subcomisaría y la nueva titular de la SDS todavía no atiende las solicitudes de reunión de los vecinos de Santa María, a pesar de la gravedad de los problemas ambientales que se viven en la comunidad.
La empresa ha respondido a esta movilización demandando al comisario por despojo de bien inmueble y privación ilegal de la libertad. Este último es un delito grave que puede implicar prisión preventiva. Pero hay que decirlo con todas sus letras: Wilberth no cometió ninguno de esos delitos. Esta práctica de criminalización ha sido una estrategia que la industria porcícola ha aplicado en diferentes casos de protesta (como Chapab y Sitilpech) en los últimos años.
Este jueves 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, se llevará a cabo la audiencia de Wilberth en el Centro de Justicia Oral de Mérida, en donde el juez Santos Alfredo May Tinal decidirá si vincula al subcomisario a proceso o no. El juez May Tinal tiene la oportunidad de frenar este indignante atropello.
Por la gravedad del caso, numerosas organizaciones y personas, nacionales y extranjeras, han expresado su solidaridad a Wilberth mediante cartas y comunicados. Incluso la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México está dando seguimiento al caso.
Dos días antes de la audiencia, el 10 de diciembre, se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Para este año, las Naciones Unidas eligió el lema “Nuestros derechos, nuestro futuro ¡ya!”, con el cual enfatizan cómo la defensa de los derechos humanos puede prevenir, proteger y transformar injusticias. Levantar los cargos del comisario de Santa María Chí sería una forma de prevenir, proteger y transformar una grave injusticia socioambiental que estamos viviendo en Yucatán. En este marco, el 10 de diciembre se realizará una mesa panel a las 11 am en el Cephcis en donde se abordará el caso de Wilberth en un contexto de injusticias socioambientales y crecientes procesos de criminalización de personas defensoras.— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
(*) Investigador del Cephcis-UNAM