Alcalde de Celestún donó megaterreno a su hermanito en sesión de Cabildo

Mérida,  2 de junio, 2026.— De nuevo, nepotismo y corrupción envuelven al ayuntamiento de Celestún, luego que el alcalde Germán Jesús Cauich Pinto, aprovechando su cargo, benefició directamente a su hermanito, Miguel Ángel Cauich Pinto, con la donación de un megaterreno de fundo legal.

De acuerdo con un acta de cabildo proporcionada por regidores de esta administración, señalan que el alcalde, abusando del desconocimiento  de ellos de las leyes, aprovechó la situación  y el pasado 9 de junio de 2025, el edil tomó la palabra para promover activamente la donación a título gratuito de un megaterreno de fundo legal a favor de su hermano menor,  Miguel Ángel.

Dicho terreno cuenta con 100 metros de frente por 135 de fondo, dando un total de 13,500 m², ubicado cerca de la “charca salinera”, una zona hasta ahora considerada de alta plusvalía y proyección.

Tras decubrir el engaño, los regidores  solicitaron al edil deshacer el acta mediante una nueva sesión de cabildo, pero tras concluir un año de espera y no tener respuestas, los funcionarios dieron a conocer el problema.

Este descarado “generoso regalito” familiar configura los delitos de conflicto de interés, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias y peculado.

Al tratarse de un familiar directo, el alcalde violó flagrantemente el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, que prohíbe estrictamente a los servidores públicos intervenir en asuntos donde tengan un interés familiar hasta el cuarto grado. Asimismo, el Código Penal del Estado de Yucatán sanciona severamente a los ediles que realizan enajenaciones o donaciones de bienes públicos de manera ilegal para un beneficio privado, imponiendo penas que brincan desde los 6 meses hasta los 12 años de prisión, además de la destitución e inhabilitación definitiva para ocupar cargos públicos.

De igual forma, la acción viola la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, la cual exige que el patrimonio municipal solo pueda desincorporarse bajo un estricto proceso de utilidad social, lo que vuelve completamente nulo este despojo disfrazado de “solicitud ciudadana”.

​Ante este evidente abuso de poder  las instituciones obligadas a intervenir y auditar estas anomalías son la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (#ASEY) y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, quienes tienen la facultad de revisar las cuentas públicas y castigar por vía administrativa.

De igual manera, el caso requiere la intervención de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para la vía penal, mientras que el Congreso del Estado de Yucatán posee la autoridad para iniciar un juicio político o revocarle el mandato al alcalde Germán Cauich.

Hasta el momento, las autoridades del Ayuntamiento mantienen un hermetismo total.