La Auditoría Superior del Estado presentó 27 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado en contra de dependencias estatales, el Poder Judicial y ocho municipios, por el desvío de 11 mil 813 millones de pesos, ocurridos en los años 2015 y 2016, durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, en donde están implicados 84 funcionarios.
El auditor especial, Manuel Palacio, quien ha fungido como encargado de despacho después de la renuncia del auditor titular y suplente presentó el resultado de las auditorías especiales realizadas desde febrero de este año a petición del Congreso del Estado y que involucran diferentes dependencias estatales como la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedaru), entre otras, varias con más de una denuncia, por distintos conceptos y años fiscales.
De esta forma, la Sefiplan agrupa cuatro denuncias, que involucran a 17, 7 y 5 funcionarios (que pueden ser los mismos), en tanto que CAPA tiene dos, una de 506 millones de pesos por desvíos en sus recursos y otra de mil 55 millones de pesos que es la cantidad que recibió como contraprestación de Aguakán por privatizar el agua en Solidaridad y cuyo destino se desconoce.
Pero además se denunció al Tribunal Superior de Justicia, por un desvío de 2.1 millones de pesos ocurrido en 2016, además de ocho municipios: Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Cozumel y Solidaridad por distintos desvíos que involucran a 63 funcionarios en total.
Emiliano Ramos Hernández, diputado presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, quien también estaba presente en esta conferencia de prensa, señaló que no podían mencionarse los nombres de los implicados, para no entorpecer las investigaciones.