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Martha Tagle
Fuente: El Sol de México
Mérida, 20 de agosto de 2026.- Desde Palacio Nacional se exhibe y clasifica a periodistas y personas críticas como parte de un “ecosistema digital”, mientras se discuten lineamientos sobre lo que deben informar los medios. El contexto obliga a recordar algo elemental: la libertad de expresión es un derecho de las personas y garantizarla es obligación del Estado.
La libertad de expresión nació para proteger a las personas frente al poder, no al poder frente a la crítica. Surgió con las libertades civiles que limitaron al absolutismo y se convirtió en pilar del Estado moderno y de la democracia. Nuestra Constitución y los tratados internacionales protegen ese derecho.
Por eso, la Corte Interamericana la considera piedra angular de una sociedad democrática. Sin libertad para opinar, disentir, investigar y cuestionar a quienes gobiernan, no hay opinión pública libre ni verdadero control del poder.
La Presidenta y cualquier integrante de su gobierno pueden responder críticas, desmentir información que consideren falsa y presentar argumentos. Pero no son una organización política más: son gobierno y forman parte del Estado, que está obligado a respetar y garantizar los derechos humanos. Eso implica también escuchar y garantizar que las personas y los medios puedan expresarse libremente, incluso cuando critiquen al gobierno, lo incomoden o estén equivocados. Gobernar no cancela su derecho a responder; agrega la obligación de garantizar la expresión de quienes piensan distinto.
De ahí lo absurdo de llamar “Derecho de Réplica” a una tribuna gubernamental dedicada a combatir “noticias falsas”. El derecho de réplica no es el derecho del gobierno a defenderse desde Palacio Nacional; debe ser un derecho de las personas frente al poder.
Más cuestionable aún es que la Consejería Jurídica identifique supuestas noticias falsas y clasifique a periodistas, medios, políticos y cuentas críticas. Ahora dice que no fue una lista, sino un “ecosistema digital”. Pero seleccionar nombres, agruparlos y exhibirlos públicamente es hacer una lista. Y aun si fuera un ecosistema, expresarse y asociarse libremente son derechos que el Estado debe garantizar.
El contexto importa. Al mismo tiempo, están en consulta los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Esos derechos existen y deben garantizarse: recibir información plural, distinguir información de opinión y contar con defensorías y mecanismos de queja. Pero proteger a las audiencias no puede convertirse en una puerta para vigilar contenidos ni para que un órgano dependiente del Ejecutivo termine interviniendo sobre qué información cumple criterios como la “veracidad”. El gobierno sostiene que las sanciones serían por incumplimientos administrativos y no por contenidos; especialistas han advertido, sin embargo, sobre ambigüedades que podrían generar discrecionalidad y autocensura.
La frase atribuida a Voltaire, en realidad escrita por Evelyn Beatrice Hall para resumir su pensamiento, conserva su fuerza: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.
La libertad se pone a prueba ante aquello que incomoda, molesta o consideramos equivocado. El gobierno puede responder, desmentir y debatir, pero también está obligado a escuchar y a garantizar que las voces críticas puedan expresarse, incluso cuando no coincida con ellas. Esa es la diferencia fundamental entre ser parte del debate y ejercer el poder: expresarse es un derecho; garantizar nuestra libertad para cuestionarlo es su obligación.