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Sara Lovera (*)
Fuente: El Sol de México
Hay una conexión sistemática y directa entre el abuso sexual y el abuso de poder, ejercidos por líderes, autócratas y dictadores como Donald Trump, sostenidos e impunes por redes de complicidad y recursos económicos y políticos que las feministas han identificado como pacto patriarcal.
Ese es el caso de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han instalado un régimen dictatorial en Nicaragua que se ensaña con las mujeres.
Una dictadura es una dictadura: nadie la vota, solo la resiste, y ahí no hay duda de cómo actuar. El régimen de Managua, sostenido por fraudes consecutivos, tiene consecuencias sociales tremendas. Opuesto al aborto, tiene altísimas tasas de embarazo adolescente y muerte materna, las más altas del istmo centroamericano, con el riesgo de muerte materna incluso para niñas menores de 15 años. Es un régimen de control y falta de libertades democráticas que abatió todas las instituciones de contrapeso, como los poderes Legislativo y Judicial; controló elecciones, desterró a cientos de hombres y mujeres de la oposición, incluso a líderes católicos; cegó la libertad de expresión y ha condenado a decenas de personas a la pérdida de su nacionalidad. Como Pinochet, los persigue hasta en el exilio.
Ortega, además, lanzó una campaña contra las feministas y su lucha, al comienzo de su reconversión autoritaria, en pacto patriarcal, cuando recibió la reprobación continental por haber agredido, abusado y violado sexualmente a su hijastra Zoila América durante años, quien lo acusó formalmente en 1998 ante los tribunales nicaragüenses, que lo encubrieron hasta hoy. Ahí está la conexión que en México tiene paralelismos.
Nicaragua volvió a la preocupación internacional cuando Ortega anunció, en el aniversario de la Revolución, que no habrá nunca más elecciones. Ahora la OEA anuncia una reunión de cancilleres para discutir la crisis de Nicaragua a principios de septiembre.
Para hacernos comprender, estuvo aquí de gira Tamara Dávila, expresa política del régimen de Managua, despatriada desde febrero de 2023 junto con otros 222 nicaragüenses, feminista y militante del partido opositor en el destierro Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista, para llamar a la opinión progresista de México a participar en favor de la vuelta a la democracia en Nicaragua.
Hizo ver la estratégica y acertada función del Grupo Puebla, donde participan personalidades progresistas como los expresidentes argentino Alberto Fernández y ecuatoriano Rafael Correa, y las exsenadoras, la mexicana Beatriz Paredes y la colombiana Clara López, para las discusiones en la OEA. Y es que en democracia no puede haber excepciones. Urge el diálogo diplomático, aunque en Palacio se argumenta que cada nación debe tener soberanía y libre decisión sobre su forma de gobierno. Esa no fue la respuesta mexicana ante la dictadura somocista, ni la pinochetista, ni la franquista. La desmemoria acosa al régimen de la 4T.
La crisis nicaragüense y una salida diplomática se ven complicadas. Y tal vez el pueblo pueda, con una insurrección, como dijo Raúl López Lira, exembajador mexicano en aquel país durante los primeros años de la Revolución Sandinista.
Tamara Dávila, incansable promotora de las libertades en Nicaragua, no consiguió conversar con el gobierno mexicano. Acompañada por el Comité Mexicano por la Democracia y las Libertades en Nicaragua, espera que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asuma un rol diplomático más firme y activo para conseguir que la deriva autoritaria en Nicaragua y sus reformas constitucionales desaparezcan.
Parece vacío el argumento de autodeterminación de los pueblos cuando en Nicaragua no podrá volver a las urnas; tampoco el de la no intervención cuando se vive una tragedia, ni obviar el poder de Ortega-Murillo.
Hoy se necesita no solo solidaridad con el exilio y los expresos políticos —muchos en México—, sino hacer visibles las violaciones graves a los derechos humanos y la desnacionalización de ciudadanos en Nicaragua. Una acción internacional en la que el Estado mexicano tenga una postura democrática. La OEA, en septiembre, necesita a esos progresistas de casa. Veremos.
(*) Periodista. Editora de Género en la OEM. Directora de Semlac.