Corrupción y violencia contra las mujeres

Claudia Corichi

Fuente: El Sol de México

Corrupción y violencia contra las mujeres

Mérida, 19 de agosto de 2026.- La corrupción no afecta a todas las personas de la misma manera. Aunque suele definirse como el abuso del poder para obtener beneficios privados, sus efectos se agravan cuando se combinan con desigualdades estructurales como las de género. Por ello, organismos internacionales como ONU Mujeres, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han impulsado la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de integridad y combate a la corrupción.

La corrupción como ya lo dejamos claro en el libro titulado “Mujeres y Anticorrupción” que tuve el gusto de co-coordinar, impacta a mujeres y hombres de manera diferenciada. Además, no es lo mismo, si viven alguna discapacidad o pobreza, si son niñas, adolescentes o adultas mayores o si viven en zonas urbanas o rurales.

Las mujeres mantenemos una mayor interacción con servicios públicos vinculados con salud, educación, cuidados y programas sociales, por lo que enfrentamos riesgos específicos cuando existen sobornos, favoritismo o abuso de autoridad. Además, hemos alertado sobre la “sextorsión”, una forma de corrupción que se exigen favores sexuales a cambio de trámites o servicios públicos.

Se trata de un fenómeno que rebasa fronteras. En Chad, investigaciones documentaron casos de explotación sexual cometidos por algunos trabajadores de Médicos Sin Fronteras y fuerzas de seguridad locales contra adolescentes y mujeres refugiadas que huían de la guerra en Sudán, quienes fueron presionadas para intercambiar favores sexuales por dinero, empleo o acceso a ayuda humanitaria. Asimismo, un estudio publicado en The Lancet reveló que una de cada cinco personas en América Latina conoce a una víctima o ha sufrido sextorsión, con una incidencia especialmente alta en Colombia, además de diversos países de Asia y África.

En México, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi reportó que en 2025 el costo de la corrupción para las personas usuarias de servicios públicos superó los 17 mil millones de pesos, con un promedio de 3 mil 865 pesos por persona. Aunque las estadísticas muestran una mayor incidencia entre hombres, especialistas advierten que muchas experiencias que afectan a las mujeres permanecen invisibles por miedo a denunciar, represalias o la normalización de conductas discriminatorias.

Las brechas también se reflejan en el ámbito económico. Estudios del IMCO muestran que las mujeres perciben menores ingresos y enfrentan mayores obstáculos para acceder a puestos de decisión. Cuando los procesos de contratación, promoción o asignación de recursos públicos carecen de transparencia, esas desigualdades se profundizan.

La Agenda 2030 vincula el ODS 5, sobre igualdad de género, con el ODS 16, orientado a construir instituciones eficaces, transparentes y responsables. No puede existir igualdad sustantiva donde prevalecen la corrupción, la impunidad y el abuso de poder.

Por ello, fortalecer la generación de datos desagregados por sexo, incorporar evaluaciones de impacto de género, establecer mecanismos seguros y confidenciales de denuncia y garantizar una participación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control son acciones indispensables. Combatir la corrupción no solo significa proteger los recursos públicos; también implica garantizar derechos, cerrar brechas de desigualdad y fortalecer la confianza en las instituciones.

@ClauCorichi

#mujeresyanticorrupción