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Por Nayeli Roldán
Fuente: El Sol de México
La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, difundió una lista de periodistas y usuarios de redes sociales críticos del gobierno. Lo hizo en una conferencia de prensa llamada “derecho de réplica” desde Palacio Nacional.
Explicó el funcionamiento de una supuesta red que amplifica tendencias para posicionar temas contra el gobierno en la red X, según ellos.
Fui mencionada ahí y, por supuesto, no es grato que tu nombre aparezca en la lista de “enemigos del gobierno” para ser blanco de hostigamientos, pero quisiera más bien dimensionar lo que este mensaje significa para los periodistas en este país.
Esta lista es otro permiso para que funcionarios de todos los niveles también señalen, acusen y acosen a periodistas que reportean en los estados y en lo hiperlocal.
Ellos no tienen visibilidad ni los micrófonos que tenemos muchos. Esta lista expone aún más a los periodistas que literalmente arriesgan sus vidas por publicar la violencia que ocurre en sus municipios, la corrupción de sus alcaldes, los ecocidios en sus comunidades.
Y esto ya ha pasado. Hay evidencia. Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía la misma práctica de señalar a los periodistas que lo cuestionamos en su conferencia de prensa, las agresiones contra periodistas aumentaron en 62% en su sexenio, en comparación con el de Enrique Peña Nieto, según documentó Artículo 19.
Una muestra de ello son las confrontaciones del exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, con los periodistas en su conferencia; la “ley censura” de Alejandro Armenta en Puebla; o las demandas contra periodistas de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
Por eso esto es grave. En los últimos 26 años han asesinado a 181 periodistas. Solo en los primeros ocho meses de este año han asesinado a siete. Esto nos coloca como el país más letal para ejercer el periodismo. Incluso más que países en guerra.
Por eso es que no podemos dejar pasar esta acción de la Presidencia. Tenemos que señalarlo como lo que es: un atentado al periodismo, a los periodistas y al derecho a la información.
Porque cada vez que matan a un periodista, que lo censuran o que se autocensura, los afectados somos todos nosotros porque dejamos de tener información sobre lo que hacen los poderosos.
Atacar al periodismo es evitar que sigamos documentando la tragedia de los más de 130 mil desaparecidos en este país. O que no sepas los nexos entre políticos y el crimen organizado.
El periodismo nos permite cuestionar por qué un gasto millonario para construir un tren transístmico terminó en tragedia y supimos quiénes eran las 14 personas que murieron en ese accidente.
Gracias al periodismo podemos saber por qué no llegan las medicinas a los hospitales y cómo la austeridad se traduce en menos consultas, menos cirugías.
El periodismo muestra a ese alcalde, diputado y senador que, a pesar de todos los indicios y señalamientos de corrupción, siguen en sus cargos. El periodismo nos permite comprender por qué jóvenes son reclutados por el narco.
Las investigaciones periodísticas han expuesto a los funcionarios corruptos que desvían los recursos públicos que debían llegar a las escuelas, a los hospitales o quiénes participan en el huachicol fiscal.
Por eso, el periodismo es un bien común. Y la libertad de expresión no es una concesión del gobierno en turno.
En lo personal, solo diré que yo no soy opositora, soy periodista, y publico investigaciones con base en pruebas, datos, testimonios. Hago periodismo porque es un servicio a los ciudadanos. Porque la información verificada, contextualizada, es un insumo para que la sociedad tome decisiones. Y un día, esas decisiones provocarán cambios para mejorar nuestro entorno.
Por eso, ante las agresiones, más periodismo. Ante las mentiras, más periodismo.
@nayaroldan