Marcelo Pérez Rodríguez (*)
Fuente: Diario de Yucatán
Mérida, 7 de agosto de 2026.- Después de la tragedia se tapa el pozo, después de dañar un ecosistema se clausura un proyecto. ¿Por qué esperan tanto las autoridades cuando se pueden evitar tragedias o daños al medio ambiente?
Después de los enredos de rechazos y aceptaciones en las dependencias encargadas de proteger el medio ambiente, de reformas a programas ambientales, de favoritismos políticos y los daños causados en la zona costera, se clausura el proyecto inmobiliario Las Dunas en Chuburná Puerto.
Grupos ambientalistas y vecinos de Chuburná Puerto alzaron la voz de alerta ante los daños a la flora y la fauna en la zona costera. Pero hubo oídos sordos y se validó la obra.
La breve historia. En diciembre de 2023 la Semarnat rechazó la autorización del proyecto Las Dunas porque “era incompatible con la zona”, pero en noviembre de 2024 el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, a cargo de Irak Greene Marrufo, expidió la Factibilidad Urbano Ambiental a favor del proyecto inmobiliario. Ante esto, la Secretaría de Desarrollo Sustentable en marzo de 2025 expresó que las obras planeadas no se contraponen al Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero de Yucatán. Y un mes después, la resolución final fue la aceptación del proyecto.
¿Cómo en año y meses la dependencia federal cambió de parecer? ¿Ya el medio ambiente no corría peligro o qué transacciones políticas y económicas se produjeron para que la cadena de favoritismos construida llegara a la aceptación final?
Y aquí está lo más interesante: Hubo reformas en el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Yucatán, en julio 2024, y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Progreso, en septiembre del mismo año. Y meses después, en diciembre, se aprueba el proyecto Las Dunas.
Afortunadamente, grupos ambientalistas, vecinos del puerto y el Colectivo “Salvemos Las Dunas” nunca fueron silenciados y realizaron una manifestación pacífica en el Monumento a la Patria, mientras la Profepa realizaba las investigaciones pertinentes en la zona costera de Chuburná Puerto. Y la Profepa clausuró temporalmente el proyecto.
Pero los daños están hechos. En la mitad del terreno desmontado la flora y la fauna fueron afectadas. Es decir, un daño irreversible “a la estabilidad del ecosistema de dunas costera y una pérdida para la diversidad”.
No es posible que ante las voces de expertos ambientalistas y de los ciudadanos las autoridades aceptaran un proyecto que daña los ecosistemas costeros de la entidad. Sin lugar a dudas, los favoritismos políticos y los “moches” doblegaron a varios y antepusieron sus intereses personales sin pensar en los daños a la flora y la fauna.
Después de los daños causados al medio ambiente y las verificaciones de las autoridades en la zona afectada, del 28 al 30 de julio del presente, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente determinó la clausura temporal total del proyecto “Construcción y Operación del Complejo Turístico Las Dunas” debido a las “afectaciones a especies de flora y fauna en estatus de protección y la omisión de datos en la Manifestación de Impacto Ambiental”.
Ahora bien, según advirtió la Profepa “las infracciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la omisión de datos en la Manifestación del Impacto Ambiental y los daños a la biodiversidad pueden constituir un delito ambiental tipificado en el artículo 420 del Código Penal Federal”.
Por tanto, deberán surgir las investigaciones y las sanciones a los funcionarios que le dieron la espalda al medio ambiente, a los ecosistemas de la costa yucateca y a la naturaleza para embolsarse jugosas ganancias.
Grupos ambientalistas señalan opacidad y falta de información a la comunidad de Chuburná Puerto. Piden la revocación de autorizaciones contra el medio ambiente, el freno inmediato del desmonte y una auditoría, investigaciones y el deslinde de responsabilidades.
El ex gobernador Mauricio Vila y alguno de sus funcionarios; el ex presidente municipal de Progreso Julián Zacarías Curi; Irak Green Marrufo, funcionario del actual gobierno estatal, y Guillermo Porras Quevedo, representante de la Semarnat en Yucatán, los dos autorizaron el proyecto en su momento, y el gobernador Joaquín Díaz Mena y algunos de sus funcionarios, tienen mucho que decir sobre la autorización de este proyecto para el deslinde de responsabilidades.
Nuestro medio ambiente, las bellezas de la zona costera en la entidad, las dunas de Chuburná y los ecosistemas deben ser protegidos, no anteponer las ambiciones personales. Sin embargo, entre el dinero, el poder y los favores políticos, los ecosistemas y la naturaleza misma salen perdiendo. El grito es ahora: “Salvemos a Las Dunas”.— Mérida, Yucatán
(*) Profesor
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