Doble nacionalidad: derechos de ida y vuelta

Martha Tagle*

Fuente: El Sol de México

Mérida, 22 de septiembre de 2026.- En 2024, más de 184 mil mexicanas y mexicanos votaron desde el extranjero. Forman parte de una comunidad que sostiene a familias en nuestro país y mantiene vivos sus vínculos con México.

Aunque ejercer el voto desde el exterior todavía implica múltiples obstáculos, ahora se pretenden imponer nuevas barreras a su derecho a ser votadas y votados. Una ciudadanía que puede aportar, cuidar y elegir, pero no disputar el poder en condiciones de igualdad, sigue siendo una ciudadanía incompleta.

Cuando esta columna se publique, está previsto que la Cámara de Diputados discuta una reforma sobre doble nacionalidad. La propuesta obligaría a quienes tengan otra nacionalidad a renunciar a ella antes de competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Se presenta como un asunto de lealtad y soberanía.

Nuestra posición debe ser clara: la soberanía no se protege reduciendo derechos. La Constitución establece que reside en el pueblo, pero olvidan que ese pueblo también vive fuera de nuestro territorio. Nuestra democracia se fortalece cuando más personas participan; se debilita cuando el Estado decide quién pertenece plenamente y quién debe probarlo mediante una renuncia.

En su afán de legislar a modo para impedir que lleguen al poder otros intereses, dejaron de poner el foco en cómo puede afectar esta reforma a la comunidad que reside en el exterior.

Hace unos días, en Los Ángeles, integrantes de la Asociación de Jaliscienses Unidos (AJUA) me compartieron su preocupación. Sus hijas e hijos nacieron en Estados Unidos, pero sus afectos y responsabilidades también los hacen mexicanos. La Constitución reconoce a esas personas como mexicanas por nacimiento. Pedirles que renuncien a una parte de su identidad para servir a la otra no acredita lealtad: impone una amputación jurídica y afectiva.

Norberto Bobbio escribió en El tiempo de los derechos que estos son “derechos históricos”, nacidos de “luchas por la defensa de nuevas libertades contra viejos poderes”. La modernidad cambió la relación política: dejamos de ser súbditos ante el soberano para convertirnos en personas con derechos frente al poder.

La lucha por la doble nacionalidad es parte de ese proceso. Durante décadas, las comunidades en el exterior exigieron que emigrar, naturalizarse en otro país o nacer fuera no significara romper con México. Ese reconocimiento amplió la pertenencia: una persona puede tener derechos en más de un territorio. Convertir esa pluralidad en sospecha sería retroceder.

Bobbio planteó también el tránsito de los derechos reconocidos por cada Estado hacia una ciudadanía universal. Para quienes viven entre países, los derechos corresponden a las personas, no a los pasaportes. La ciudadanía debe acercarse a ese principio, no encerrarse en las fronteras.

Votar y ser votado integran un mismo derecho. Sus restricciones deben ser legítimas, objetivas, necesarias y proporcionales. La doble nacionalidad es una condición jurídica, no una prueba de deslealtad. La responsabilidad pública se acredita con actos y rendición de cuentas, no excluyendo por anticipado a millones de personas.

México no puede celebrar las remesas, promover el voto exterior y abrazar a su comunidad en los discursos para apartarla cuando reclama representación y poder. La lealtad no se mide en pasaportes, sino en el respeto a la Constitución, el servicio al interés público y la rendición de cuentas. La doble nacionalidad expresa una vida de ida y vuelta; los derechos no pueden avanzar en un solo sentido.