Perspectiva de Género / ¿Otra muerta más?

Estela Casados González*

Fuente: El Sol de México

Mérida, 22 de septiembre de 2026.- Hace unos días se dio a conocer que una estudiante española que cursaba una movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fue asesinada en Cuautla. La noticia del feminicidio pronto trascendió fronteras, resultando en la exigencia por parte del gobierno español para que se hiciera justicia.

La indignación de la población tanto en México como en España no se hizo esperar. Enérgicos reclamos y manifestaciones han tenido lugar en nuestro país. La familia de la estudiante asesinada también ha hecho presencia para lamentar y reclamar por la desgracia.

Llama poderosamente la atención un dato que, lejos de pasar desapercibido, ha sido parte del epicentro de reclamos: este feminicidio es el cuarto que, al hilo, ha tenido Cuautla en un lapso de siete meses, esto según el último informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La fuente establece que dicho municipio se encuentra dentro de los que presentan una mayor tasa de feminicidio en el país, pese a que cuenta con una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio emitida por el gobierno federal desde 2015.

Morelos fue una de las primeras entidades del país en recibir la Alerta. Ha pasado más de una década y, en el último informe del Secretariado, figura en el sexto lugar nacional por el número de feminicidios perpetrados en su territorio. La contundencia de las cifras que enumeran estos asesinatos de odio hacia las mujeres nos hace preguntarnos muchas cosas, principalmente sobre la efectividad de un mecanismo que parece lucir deficiente. ¿Es así?

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Alerta consiste en acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales que deben llevar a cabo las autoridades de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) “para enfrentar y erradicar la violencia feminicida”.

De lo que dice la ley poco hemos visto. A veces, nada. No hay siquiera una estrategia experta y coordinada de prevención del delito de feminicidio. Esporádicamente se hace de conocimiento público sobre las partidas presupuestales que se ministran desde el gobierno federal. Cabe destacar que son tan efectivas como un “paracetamol” para erradicar un cáncer. El presupuesto que destina cada estado de la República y municipio con Declaratoria de Alerta para tratar la situación es desconocido, por no decir inexistente. Sólo prevalece el repentismo gubernamental a fuerza de ocurrencias mal planteadas, pésimamente ejecutadas, que no salvan la vida de las mujeres del país. ¿Cómo evaluar un mecanismo que mandata la ley pero que, en los hechos, no se ejecuta debidamente?

El delito de feminicidio se tipificó por primera vez en el estado de Guerrero en 2010 y, en el ámbito federal, en 2012. Sin importar quién haya ocupado u ocupe la silla presidencial ni el partido político del que provenga, la estrategia para erradicar la violencia de género ha sido la misma: fortalecer la seguridad de la nación es equivalente a que las mujeres accedan a una vida libre de violencia. Bajo esta lógica y de acuerdo con el dato oficial, hemos presenciado el decremento de feminicidios en los últimos años, pero al observar con más detenimiento nos percatamos de varias cosas: el homicidio culposo y las desapariciones de mujeres se han incrementado de manera importante. También las agresiones contra mujeres, lo que la ley llama violencia de género, se han recrudecido, tanto en las maneras en que se manifiestan o por las tecnologías de las que actualmente hacen uso, como por la cifra negra que no nos permite saber, por ejemplo, cuántas mujeres en el país sufren de violencia obstétrica.

Pese a lo que indica la ley y lo que se dice en los discursos, las violencias contra mujeres se observan como un hecho aislado y desarticulado: el feminicidio por un lado, las desapariciones por otro. Al final, la burocracia también hace lo propio. Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Alerta debe emitirse de manera pronta y expedita, “atendiendo a la situación de urgencia de los hechos documentados que motiva su solicitud y al territorio especificado en la misma, así como al principio de debida diligencia”. Desde 2019, en el estado de Veracruz se solicitó la Declaratoria por desaparición de mujeres. Siete años después, la burocracia federal y estatal la mantienen congelada. En tanto, muchas veracruzanas han desaparecido; algunas de ellas han sido localizadas sin vida, dando testimonio del desdén gubernamental.

*Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana