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Por: SemMéxico
Teresa Valdés Betancourt
SemMéxico, Colima, 30 de marzo, 2026.- La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Fiscalía General de la República en Mexico propone cambiar el marco normativo sobre el feminicidio como delito, en un modelo nacional obligatorio con perspectiva de género, para cerrar brechas en la investigación y combatir la impunidad, según publicó la colega Ana Karen García, periodista del diario mexicano El Economista, con algunos años de experiencia en temas económico, financiero, de género y derechos humanos.
Uno de los cambios más relevantes resulta la obligación para implantar la metodología homologada de investigación que será obligatoria para todas las fiscalías del país. Esta iniciativa ofrece una luz en el camino, para responder a las demandas de las organizaciones feministas en aras de garantizar la justa investigación y clasificación de las muertes de mujeres.
En México, con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SESNSP, el año 2025 cerró con un promedio de 2 feminicidios registrados cada día, que aún mantienen niveles alarmantes incluso con la relatividad que presentan de estos datos, porque como se sabe, no todas las muertes de mujeres se investigan como feminicidios.
Veamos en Colima en 2025, los datos señalan 65 mujeres muertas, solo tres fueron reconocidas como feminicidios y por lo que, los 62 restantes quedaron omitidas en las estadísticas de homicidios dolosos. Por tanto, no existen acusados ni sancionados por feminicidios y la impunidad impide alcanzar una sentencia con la necesaria reparación del daño para sus hijas e hijos huérfanos.
Ante esa realidad, diversas y múltiples son las propuestas y demandas para la justicia judicial mexicana en materia de feminicidios como la carencia de homologación en protocolos de investigación, reclasificación de feminicidios procedentes de datos de homicidios dolosos, omisiones en la incorporación de perspectiva de género, desigualdad en capacidades institucionales entre estados.
Se presenta así, una supuesta reducción de la cifra negra de feminicidios agravado también por hechos delictivos de muertes no denunciados.
Si, aún queda un largo camino después ser presentada esta iniciativa de Ley General para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio, y quizás hasta el endurecimiento de las penas no sea tan urgente como la homologación estatal para las modificaciones legislativas en materia de feminicidios, a fin de corregir fallas estructurales que han obstaculizado e impedido el acceso a la justicia de las niñas, adolescentes, mujeres y sus familias.
Coincido con la insistencia de mi colega Ana Karen García periodista del diario mexicano El Economista, donde señala que la propuesta establece un marco nacional único para atender el feminicidio en todas sus etapas: prevención, investigación, sanción y reparación del daño y explicita que hablar de feminicidio no sólo es hablar de cifras o de normas jurídicas, es hablar de vidas que fueron arrebatadas y de una deuda histórica para las mujeres en materia de investigación y acceso a la justicia, https://www.eleconomista.com.mx/
Por eso las marchas en el 8M, representan nuestro profundo enojo en una expresión legítima de demanda social contra la violencia, la desigualdad y la impunidad.
@Letra Clara