Entre el montaje y la tragedia

Felipe Calderón y Genaro García Luna

Antonio Salgado Borge (*)

Fuente: Diario de Yucatán

El arresto de Genaro García Luna en Estados Unidos ha motivado la revisión de la forma como el gobierno de Felipe Calderón implementó su política estelar: la mal llamada “guerra contra las drogas”. García Luna, secretario de seguridad pública de 2006 a 2012 y encargado de diseñar y ejecutar el combate al crimen organizado, ahora es acusado de los mismos delitos que tendría que haber combatido.

Este evento puede ser enfocado de distintas maneras. Algunos análisis se han centrado en el conocimiento de Felipe Calderón de estos eventos. Por ejemplo, resulta complicado pensar que el expresidente era completamente ajeno al enorme entramado subterráneo tejido por su brazo derecho.

Otros análisis prefieren poner la atención en los aspectos coyunturales que acompañan a esta detención, y las consecuencias que de ésta pueden derivarse. La información en manos de García Luna representa un activo político para el gobierno de AMLO y es un inmejorable pretexto para la depuración del aparato de seguridad mexicano. Por lo pronto, ya se ha anunciado el despido de todas las personas que colaboraron con este funcionario en tiempos calderonistas.

Finalmente, mucho se ha comentado que el arresto de un individuo no cambia gran cosa en los hechos. Esto es, que la corrupción del aparato de seguridad del gobierno mexicano va mucho más allá de un exsecretario de seguridad pública.

En este artículo intentaré enfocar la detención de García Luna desde un ángulo que considero complementario a las aproximaciones mencionadas arriba. En particular, este análisis estará dedicado a desenredar lo que este evento implica para la responsabilidad que se debe asignar a Felipe Calderón por su decisión de lanzar su “guerra”.

Antes de 2006

Vale la pena iniciar poniendo a la “guerra” en su contexto. Probablemente el escenario sea difícil de visualizar para las generaciones más jóvenes, pero, antes de 2006 México no era el país de la violencia sin control y el terror por la inseguridad. Desde entonces, cientos de miles de personas han tenido que abandonar sus lugares de origen, familias peregrinan y excavan con sus propias manos buscando encontrar bajo la tierra a cientos de miles de desaparecidos, las balaceras entre grupos armados hasta los dientes son cotidianas, personas descabezadas, cercenadas o colgadas aparecen en distintas ciudades, los casos de tortura se han multiplicado y la narcocultura ha saltado al primer plano.

Desde luego, muchos problemas actuales, como la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la poca democracia, o la discriminación —por citar tan sólo algunos— estaban presentes y eran discutidos antes de 2006. Sin embargo, la violencia desbordada no era uno de estos problemas. En consecuencia, la inseguridad no era considerada, como ocurre actualmente, el asunto más urgente a atender por la mayoría. La imagen de México en el mundo ha cambiado en concordancia: de ser el país de las playas, el tequila y el mariachi pasamos a ser el país de los capos, las balas y las masacres. Vale la pena ponerlo en plata: desde 2006 la violencia, particularmente los homicidios, ha opacado y dejado en segundo plano los que eran nuestros grandes asuntos pendientes.

Esto cambió desde que Felipe Calderón lanzó su “guerra”; un monumental fracaso por donde quiera que uno lo enfoque. Alguien podría decir que hacer énfasis en este punto implica replicar parte del discurso de los enemigos políticos de ese expresidente. Concedo sin reparos que esto es cierto. Pero me parece que la severidad de un juicio hacia Calderón debe ser acorde con los daños que pueden probársele. Y, en este sentido, no hay lugar para medias tintas; la responsabilidad de Calderón es directa e ineludible: su decisión cambió la cara a México y nos sumió en una tragedia sin precedente.

Confrontado por las evidencias, los calderonistas aludieron inicialmente a consideraciones pragmáticas: la guerra necesitaba tiempo para dar resultados. Pero esto claramente no ocurrió. Actualmente este fracaso es citado por organizaciones internacionales como ejemplo en el mundo de cómo no se debe lidiar con el problema de las drogas. En contraparte, esquemas basados en salud, regulación y educación —como el de Portugal— son considerados casos de éxito que deben ser emulados.

Justificación

Cuando fue claro que la guerra había fracasado y que no había forma de defender lo contrario, los calderonistas se refugiaron en argumentos morales: lanzar la “guerra” había sido valiente y una cuestión de principios. O, por ponerlo en términos del propio expresidente: ¿“qué querían que hiciera”? Esto fue lo que dijo una y otra vez Margarita Zavala durante su campaña por la presidencia.

En este mismo espacio he defendido que el argumento de la valentía y de los principios no se sostiene. Entrar a combatir un león a su jaula sabiendo no demuestra valor, sino idiocia. Sacrificar a cientos de miles de personas y arruinar a un país desde la comodidad de un escritorio por motivos morales no es muestra de principios, sino de poca humanidad.

El arresto de Genaro García Luna acusado de colaborar con una “operación criminal organizada, sistemática y trasnacional”, de declaraciones falsas y de haber recibido sobornos multimillonarios de Joaquín “El Chapo” Guzmán dan al traste con el argumento moral calderonista. Para ser claro, reportes de posibles actos de corrupción o colusión del brazo derecho de Calderón fueron dados a conocer en la prensa desde entonces. Además, es bien sabido que García Luna elaboró un montaje para la televisión simulando el arresto de una banda acusada de secuestro que, en los hechos, implicó secuestrar a los supuestos secuestradores.

La culpabilidad de García Luna significaría que el aparato de seguridad que Felipe Calderón presumió todos los días y anunció durante seis años como el principal eje de su gobierno actuó como brazo de un cártel en su lucha contra otros cárteles. Y que la tragedia desatada en 2006, esa que deformó la cara de nuestro país, fue apenas una cortina de humo que permitió a algunos funcionarios enriquecerse sin reservas. O, por ponerlo de otra forma, que en los los hechos la “guerra contra las drogas” fue un montaje.

Excurso

El gobierno de Yucatán ha anunciado el cobro de una serie de impuestos para compensar la disminución en los ingresos que espera el próximo año.

Esta decisión ha generado profundo malestar en algunos sectores. En principio, no es incorrecto que el gobierno estatal aumente impuestos; esto puede ser en ocasiones tan justificable como conveniente. Sin embargo, hay dos condiciones fundamentales que deben ser consideradas. (1) La primera es que estos aumentos deberían tener un enfoque progresivo en su sentido más amplio; es decir, si se requiere de recursos se tendría que cobrar primero y principalmente a aquellas empresas que más ingresos generan. (2) La segunda es que lo recaudado tendrían que estar enfocado en corregir asimetrías o desigualdades y en generar condiciones de verdadero desarrollo social en el estado.

Lo anunciado por el gobierno de Mauricio Vila no cumple con ninguna de estas condiciones. Lo que es peor, el paquete incluye un impuesto por “seguridad” que se cobraría en el recibo de luz a la mayoría de las personas que viven en el estado. Este impuesto es francamente sorprendente. La seguridad pública es un derecho humano y una función constitutiva de cualquier gobierno que actúe como tal. Por ende, cobrar una partida adicional y específica por ello es una idea impresentable e indigna. Y es que la lógica del cobro de cuotas a personas con el pretexto de garantizar su seguridad se parece demasiado a la de un impuesto indirecto cada vez más conocido en México: el derecho de piso. —Edimburgo, Reino Unido

asalgadoborge@gmail.com

@asalgadoborge

Candidato a doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Maestro en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y maestro en Estudios Humanísticos (Itesm)