Salvar al Isstey

Prioridad estatal

FREDDY ESPADAS SOSA (*)

Fuente: Diario de Yucatán

El tema de la inminente quiebra financiera del Isstey —que de no resolverse pronto afectará gravemente a más de 31 mil trabajadores activos y a cerca de 6 mil pensionados y jubilados— se ha colocado de manera destacada en la agenda pública estatal.

Las recientes protestas realizadas por cientos de trabajadores estatales, a causa de descuentos presuntamente irregulares en sus percepciones, fueron el ingrediente explosivo que ha exhibido en toda su crudeza la situación de alerta que vive esta noble institución.

El Isstey fue creado de manera visionaria y con alto sentido social por el gobierno que presidió el doctor Francisco Luna Kan (1976-1982), con el fin de brindar una protección integral y sistemática a los trabajadores de la administración estatal, quienes en aquellos tiempos se encontraban prácticamente desamparados en cuanto a sus legítimos derechos económicos y sociales.

Así, mediante el decreto número 68 publicado el 10 de septiembre de 1976 en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, se estableció un régimen de seguridad social para los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, de los poderes Legislativo y Judicial, de los organismos constitucionales autónomos estatales y de los ayuntamientos que, mediante convenio, se adhiriesen al régimen.

Con este sistema se propuso garantizar a los servidores públicos y a sus familiares o dependientes económicos el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, prestaciones y servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo (artículos 1 y 2).

La Ley estableció un generoso régimen de jubilaciones y pensiones para los trabajadores estatales y municipales, quienes pueden acceder a este derecho cuando han cumplido 55 años y han cotizado al menos durante 15 años, o bien cuando han alcanzado 30 años de aportaciones y sin límite de edad (artículos 61, 62, 63 y subsiguientes).

Durante varias décadas, el Instituto funcionó sin sobresaltos y con bastante estabilidad financiera, ofreciendo oportunamente los servicios prescritos en la Ley de su creación y cumpliendo con el pago puntual de las jubilaciones y pensiones, que por cierto hasta hace poco fueron de carácter móvil, es decir, aumentaban en la misma proporción con que se incrementaban las percepciones de los trabajadores activos.

Desafortunadamente, los gobierno priistas de los últimos sexenios comenzaron con toda impunidad a meter sus manos sucias en este organismo y a utilizarlo como “caja chica” para cometer diversos desvíos, latrocinios y desfalcos, desvergonzada sangría que alcanzó su clímax en las administraciones de Ivonne Ortega y Rolando Zapata, como se ha denunciado públicamente hasta la saciedad y con abundantes evidencias.

Estas graves anomalías, de presumible corte delincuencial, son una de las principales causas de la insolvencia financiera del Isstey que amenaza con impedir a corto plazo el cumplimiento de sus funciones esenciales.

Así las cosas, todo parece indicar que por fin el gobierno de Mauricio Vila Dosal ha decidido “tomar el toro por los cuernos” en este delicado asunto, ya que en reciente visita al Diario la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, y la directora del Isstey, Isabel Rodríguez Heredia, expusieron con relativa claridad la virtual quiebra de este organismo, adelantando que ya se están formulando propuestas para realizar una reforma de fondo a dicha institución, a fin de garantizar su viabilidad y sustentabilidad financiera a largo plazo (ver Diario de Yucatán, ediciones del 18, 19 y 21 de noviembre, Secc. Local).

Como planteó atinadamente en este mismo espacio el diputado estatal Luis María Aguilar Castillo (DY, 10 de octubre, Local, p. 3), es necesario impulsar una reforma integral del Isstey, pero ésta no debe hacerse de manera unilateral sino en consulta con las organizaciones sindicales de los derechohabientes, cuyos legítimos intereses están seriamente amenazados por esta contingencia institucional.

Desde luego, celebramos que el gobernador “se faje los pantalones” para afrontar la responsabilidad que le corresponde en la refundación del Isstey, no obstante el posible costo político que esta inminente reforma pueda generarle.

Sin embargo, la sociedad también exige que se llame a cuentas a los exservidores públicos que saquearon escandalosamente al organismo hoy en quiebra, pues es de presumirse la comisión de graves irregularidades administrativas e incluso de posibles delitos, mismos que tendrán que ser investigados y sancionados de manera ejemplar por las instancias correspondientes.

Tal vez este asunto sea la prueba de fuego para el pomposamente llamado Sistema Estatal Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado y para el flamante fiscal anticorrupción, cuyo mantenimiento burocrático nos cuesta a todos los yucatecos la friolera de 200 millones de pesos al año.

Los trabajadores afectados de forma directa y el conjunto de todos los ciudadanos nos mantendremos muy vigilantes y exigentes ante la actuación del Ejecutivo estatal y de las citadas instancias legales ante el descalabro económico del Isstey, que sin duda alguna constituye un asunto de claro interés público. Sostenemos que salvar al Isstey es una innegable prioridad estatal. Veremos.— Mérida, Yucatán.

canek_1999@yahoo.com.mx

Profesor-investigador titular “C” de T.C. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31-A, de Mérida, Yucatán