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La Decimoquinta Legislatura aprobó la creación de la Comisión Anticorrupción que se encargará de atender los temas relativos al ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas, así como a la prevención, combate y sanción de la corrupción.
En la sesión ordinaria número 30, presidida por el diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, el Pleno del Congreso avaló reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mediante las cuales se modifica la denominación de la “Comisión de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos” para quedar como la “Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos”.
El presidente de la Gran Comisión Eduardo Martínez Arcila, aseguró que esta modificación es un primer acto de la Decimoquinta Legislatura, para iniciar los trabajos para reformar todo el marco jurídico en materia de combate a la corrupción, que deberá estar aprobado a más tardar en el mes de junio de 2017 y a partir de esta fecha, se realicen los nombramientos y se realice la integración de los órganos garantes de la lucha contra la corrupción.
En el dictamen elaborado por las comisiones unidas de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, que presiden el diputado Eduardo Martínez Arcila y la diputada Mayuli Martínez Simón, se establece que al modificar la denominación de dicha comisión ordinaria, ésta tendrá la competencia para orientar esfuerzos y acciones legislativas importantes para atender los efectos negativos de los actos de corrupción que se susciten en nuestra entidad.
“Con la reforma que hoy aprobamos, los miembros de la Decimoquinta Legislatura damos un paso para contar con una Comisión que atienda de manera seria las demandas y obligaciones éticas, morales y jurídicas, que tenemos para construir el Sistema Estatal Anticorrupción”, expresó en tribuna Martínez Simón.
La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), y una de las promotoras de esta reforma, agregó que también permitirá construir las instituciones que hagan frente a la corrupción de manera sistemática, y con la mirada puesta en el objetivo de construir el conocimiento y las leyes necesarias para ser eficientes en el combate y castigo de los actos de corrupción.
En la misma sesión, las diputadas y diputados aprobaron las leyes de ingresos de los municipios de Isla Mujeres por 280 millones 864 mil 791 pesos, y de Lázaro Cárdenas por la cantidad de 188 millones 111 mil 482 pesos.
Además, el Pleno Legislativo dio entrada a una iniciativa de decreto por la que se reforma el Artículo 6 de la Ley del Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo; presentada por las diputadas Ana Patricia Peralta de la Peña, Tyara Schleske de Ariño, Santy Montemayor Castillo y los diputados José de la Peña Ruiz de Chávez y José Carlos Toledo Medina, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La iniciativa propone reducir en un punto porcentual el impuesto sobre nóminas, cuya tasa actualmente es del tres por ciento, como una medida para otorgar alicientes, incentivos y estímulos económicos para la generación de más fuentes de empleo.
Finalmente, la diputada Jenni Juárez Trujillo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional e integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa de Ley de Movilidad Sostenible para la Población del Estado de Quintana Roo, que busca garantizar la sustentabilidad del futuro en la entidad, al impulsar medios de transporte más eficientes y menos contaminantes, así como garantizar el derecho de movilidad y circulación de las personas y los habitantes del estado.
Fuente: Congreso de Quintana Roo
