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Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 1 de diciembre del 2022.- A partir de la reforma en materia de violencia política en razón de género, han sido presentadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un total de 247 quejas o denuncias, 81 de los casos son ataques en redes sociales, y de las 327 víctimas ocupan el primer lugar, de las quejas presentadas, diputadas federales con el 25 por ciento, seguidas de candidatas a diputadas federales con el 12 por ciento, y en tercer lugar ciudadanas con un 7.3 %.
La consejera electoral Carla Humphrey Jordan en la sesión ordinaria del Consejo General del INE, este 29 de noviembre, ante los resultados del Informe de violencia política en razón de género destacó la prevalencia de ataques a la violencia digital y mediática.
Exhortó a las autoridades electorales hacer especial énfasis en la violencia digital que afecta a las mujeres para buscar mecanismos eficientes para inhibir la violencia digital y la mediática, que refirió no es un fenómeno aislado, sino que se localiza en un contexto social más amplio de desigualdad y discriminación de género contra las mujeres y las niñas.
Asimismo, pidió a las autoridades electorales y a partidos políticos, comprometerse y proporcionar la información necesaria para darle seguimiento a las quejas o denuncias en materia de violencia política en razón de género con el fin de cumplir con el objetivo esencial de combatir de forma eficiente la violencia política en razón de género tanto para aspirantes, precandidatas, candidatas o mujeres que ocupen cargos públicos.
Destacó que de las 327 víctimas se han identificado a 24 mujeres, es decir, el 7.9 %, que representan una categoría sospechosa siendo que la comunidad LGBTTI+ tiene mayor prevalencia con 54 por ciento de la interseccionalidad.
La consejera electora Carla Humphrey Jordan, reiteró su propuesta de crear una Defensoría Pública para las mujeres como área técnica encargada de prestar gratuitamente los servicios de defensoría y asesoría jurídica en materia administrativa electoral, jurisdiccional electoral y penal electoral en favor de las mujeres candidatas o de aquellas que ocupan un espacio público.
Como “buena noticia” dijo, que el Organismos Público Local Electoral (OPLE) de Chihuahua ya cuenta con su defensoría pública para mujeres, que 6 tribunales a nivel local ya cuentan con su propia defensoría y que la Sala Superior amplió la defensoría de Pueblos y Comunidades Indígenas para atender también a mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.
Planteo la Defensoría Pública como una manera de generar un acceso real a la jurisdicción del estado, cercana a las ciudadanas mexicanas, privilegiando un diálogo abierto, incluyente y plural en favor de las mujeres contratos que afecten o pudieran afectar sus derechos político y electorales sean o pudieran ser víctimas potenciales en materia de violencia política en razón de género.
Se trata de un medio para garantizar el derecho constitucional de acceso a la justicia de manera pronta, completa e imparcial, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, apegado a la seguridad, legalidad y gratuidad.
Entre otras acciones propuso que en el marco de los criterios en materia de violencia política en razón de género se debe analizar el trabajo jurisdiccional en los tribunales electorales, la capacitación y sensibilización a las y los juzgadores, y ampliar el concepto de violencia política de género tomando en cuenta a las y los defensores de derechos humanos, investigadoras/es y periodistas.
Informe de medidas cautelares y de protección en materia de violencia política de género
Del 14 de abril del 2020 al 18 de noviembre de 2022 se han recibido 247 quejas, denuncias o vistas, de las cuales se han registrado 77 procedimientos especiales sancionadores, 16 cuadernos de antecedentes y se ha determinado la incompetencia respecto a 155 quejas, denuncias o vistas, remitiendo la queja o denuncia a la autoridad que se consideró competente.
El Informe también señala que se registraron 77 quejas, denuncias o vistas en vía de procedimiento especial sancionador, dos acumulados del 2021 y seis acumulados del 2022, por lo que se instruyeron 69 procedimientos.
De los 53 procedimientos turnados a la Sala Regional Especializada de los cuales se han resuelto en 22 la existencia de la infracción, en 29 de ellos la inexistencia, cinco acumulados de violencia política en razón de género, en dos la incompetencia para conocer del mismo remitiéndolo al Instituto Electoral de Quintana Roo y a la Contraloría Interna del Instituto Estatal del Estado de Aguascalientes.
Destacó la adopción de medidas cautelares y de protección, las cuales son necesarias para brindar cuidado, atención, seguridad, integridad a las personas involucradas en el hecho que se denuncia, ya que en ocasiones durante la investigación pueden presentarse situaciones de riesgo para las personas involucradas.
Respecto a las medidas cautelares, en 41 procedimientos especiales sancionadores se emitieron 45 acuerdos de las cuales en cinco se decretó su procedencia, en 27 se declaró su improcedencia, 11 parcialmente procedentes y en uno se dejaron subsistentes las emitidas por diversa autoridad electoral. En una se desechó la solicitud de medidas cautelares.
Respecto a las medidas de protección fueron solicitadas 27 procedimientos, siendo que se emitieron 28 acuerdos, de los cuales en cinco se decretó su procedencia y en una se actualizaron las decretadas por diversa autoridad, en 21 casos se declaró la improcedencia y en uno se consideró que debían permanecer vigentes las decretadas por la Sala Superior.
Se ha impulsado desde el INE la implementación de correo y teléfono institucional para la recepción de quejas y denuncias, desde el 8 de marzo del 2021 al 18 de noviembre del 2022, han recibido 48 correo electrónicos de los cuales cuatro han sido de seguimiento a previas denuncias o quejas, del total de correos recibidos a 11 se les dio el trámite correspondiente por la UTSE y en 37 se brindó la orientación requerida.
Se han recibido 21 llamadas de las cuales dos fueron casos de competencia del INE y los 19 restantes se brindó la asesoría solicitada relacionada con la orientación sobre la instancia competente para conocer sobre la queja y denuncia, como puede ser intrapartidaria alguna otra autoridad o bien los OPLES.
SEM/MG
