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Como es sabido en la convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW) adoptada por la Asamblea General de ONU Mujeres, se acordó realizar los días 25 de cada mes acciones proactivas que permitan prevenir y contrarrestar la violencia contra las mujeres.
En consonancia a ello y al creciente número de víctimas de violencia, en sus diferentes modalidades, en Yucatán, el Colectivo Mujeres Sin Maquillaje, conformado por Layda Rodriguez Torres de “Ni Una Más A.C.”; Marbella Casanova Calam (Unión Obrera Peninsular), Siseli Burgos Rodríguez y María Eugenia Núñez Zapata de Equidad Política efectuó un análisis curricular de las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado en apego a la Carrera Judicial.
Tras este análisis, sobresalió como es que la experiencia formativa al tener una carrera judicial y su aporte a la función de un Magistrado no fue valorada al postular a algunos de los que ahora se encuentran en el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, por lo que se habla de un pobre desempeño del mismo.
Tan es así, que la ciudadanía al realizar el análisis de la preparación de los Magistrados se evidenció que 8 de los 11 NO cuentan con Carrera Judicial.
Siendo un estos: Santiago Altamirano Escalante; Ligia Aurora Cortés Ortega; Mygdalia Astrid Rodríguez Arcovedo; Ingrid Ivette Priego Cárdenas; Adda Lucelly Cámara Vallejos; Jorge Rivera Evia; Marco Celis Quintal y Luis Felipe Esperon Villanueva.
Mientras que solo José Rubén Ruiz Ramírez; Leticia del Socorro Coba Magaña y Ricardo de Jesús Ávila Heredia cuentan con una Carrera Judicial que avala su nombramiento como Magistrados del Tribunal Superior de Justicia en Yucatán.
En el marco del evento, se recordó cómo es que en Yucatán del 2008 a la fecha se han registrado más de 80 feminicidios, siendo alguno de ellos evitables, si las autoridades hubieran actuado a su debido tiempo brindando protección a las mujeres que denunciaron ser víctimas de violencia y que sin embargo no recibieron protección ni fueron escuchadas por las instituciones que por Ley deben cumplir con ello.
Es precisamente esa falta de protección la que contribuye con que los índices de violencia institucional en Yucatán vayan a la alza.
El Colectivo señaló que el ineficiente Sistema de Justicia, la corrupción de jueces y juezas, la falta de preparación para estos cargos convierten estos procesos largos, desgastantes y muchas veces terminan siendo abandonados por la falta de esperanza de obtener justicia.
En este sentido, se habla de al menos 20 casos que llevan demasiado tiempo en proceso lo que lo ha convertido en algo tortuoso.
El Colectivo solicitó a las autoridades aplicar las medidas necesarias para que las víctimas de violencia sean atendidas y protegidas inmediatamente y no que sean convertidas también en víctimas de violencia institucional.
