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•Después de seis meses, los integrantes de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobaron por unanimidad el dictamen de la ley 3 de 3 contra la violencia
Mérida, Yucatán, a 25 de mayo de 2022.– Por unanimidad, los integrantes de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobaron el dictamen de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género que busca erradicar que agresores, violentadores y deudores alimentarios sean postulados para los procesos electorales o sean asignados en cargos de la administración pública.
Han pasado seis meses desde que la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) entregó la iniciativa al Congreso del Estado hasta que el dictamen fue aprobado. Del 25 de noviembre de 2021 al 25 de mayo, activistas por los derechos de la mujer han realizado foros en universidades públicas y privadas, así como reuniones de trabajo con las diputadas y los diputados en las que participaron Yndira Sandoval y Patricia Olamendi, reconocidas activistas nacionales, quienes desde el principio dejaron en claro “No vulnera la presunción de inocencia” y “busca la idoneidad para ejercer el poder sin violencia”.
Legisladores de las diferentes fuerzas políticas externaron su opinión en favor de la 3 de 3 contra violencia y, públicamente, adelantaron que su voto será en favor cuando el dictamen pase al Salón del Pleno del Recinto Legislativo.
Sin embargo, el pasado 12 de mayo cuando sesionó la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Gobernación, los diputados Rafael Echazárreta Torres (Morena) y Gaspar Quintal Parra (PRI) intentaron frenar la iniciativa con el pretexto de proteger la presunción de inocencia, por lo que pidieron un análisis exhaustivo al Instituto de Investigaciones Legislativas del Poder Legislativo.
Curiosamente, los únicos legisladores que nunca se presentaron a las reuniones de trabajo fueron los que pusieron trabas para que la ley 3 de 3 contra la violencia avanzara en el Congreso del Estado para su pronta aprobación y que entre en vigor.
Esta tarde, en la sesión de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Gobernación, la Secretaría General de dicho Instituto informó a los diputados y a las diputadas que la presunción de inocencia no aplica en la 3 de 3 contra la violencia, ya que esta iniciativa propone los principios de idoneidad para la postulación de candidaturas y designación de los funcionarios.
«La presunción de inocencia no aplica en el tema de estudio, toda vez que no estamos en un proceso penal en que se debiera salvaguardar la presunción de inocencia y sí, por el contrario, se debe contemplar que quienes están en los cargos públicos tengan entre los requisitos para su postulación o designación los antecedentes penales», leyó el diputado panista Jesús Efrén Pérez Ballote.
El dictamen aprobado por unanimidad incluye la modificación de diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la adición de fracciones a la Ley de Partidos Políticos del Estado y la reforma y adición de diversas disposiciones de la Constitución Política, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, de la Comisión de los Derechos Humanos, del Reglamento de la Ley de la Fiscalía General y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Todo lo anterior con el propósito que las personas con antecedentes de violencia contra las mujeres, acosadores o deudores alimentarios no sean candidatos a puestos de elección popular o tengan puesto de confianza en alguna dependencia gubernamental.
