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Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
Fuente: Diario de Yucatán
Comencemos con la confusión. ¿Este fin de semana comenzó la consulta sobre el Tren Maya?, ¿fue una sola consulta o cuántas consultas fueron? Hace un mes, el gobierno federal convocó a dos procesos relacionados con el Tren Maya: un proceso de consulta indígena, dirigido específicamente a pueblos y comunidades indígenas de los estados en donde se construiría el Tren Maya, y una “Jornada de ejercicio participativo ciudadano” para toda la ciudadanía.
A diferencia de la Jornada de ejercicio participativo ciudadano, que tuvo lugar solo el día de ayer, 15 de diciembre, la consulta indígena inició oficialmente el pasado 15 de noviembre con la etapa de “Actos Previos”. En esta etapa “se configuraron 15 regiones indígenas con base en información oficial disponible sobre municipios y localidades indígenas, donde se realizarán las Asambleas Regionales; asimismo, se elaboraron el Protocolo y la Convocatoria de la Consulta”, documentos que fueron publicados ese mismo 15 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. Dos ejercicios diferentes —Jornada ciudadana, para toda la ciudadanía; consulta indígena, para pueblos indígenas—. Pero las confusiones no terminan allí, apenas comienzan. Por ejemplo, para el caso de la consulta indígena, ¿la primera etapa consistió en “Actos previos”, como indica la Convocatoria, o en “Actividades y Acuerdos previos”, como señala el Protocolo? Es difícil de saber, pues en las asambleas regionales que se realizaron los días 29 y 30 de noviembre, así como 14 y 15 de diciembre, las autoridades federales se refirieron indistintamente a esa primera etapa con ambos nombres.
La diferencia no es una mera minucia del lenguaje. Los dos conceptos —Actos previos y Acuerdos previos— significan cosas muy diferentes. Los Actos previos, como la definición de las regiones indígenas que serán consultadas, la publicación de la Convocatoria y el Protocolo, son actos unilaterales por parte del Estado. En cambio, los Acuerdos previos, como eran entendidos en el Protocolo elaborado por la ex Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (ahora Inpi) implica, además de convocar a las partes, acreditar a representantes, generar y compartir información, consensuar el programa de trabajo y acordar los procedimientos de la consulta.
Así, el programa de trabajo y el procedimiento de la consulta se debe definir —como han señalado las Naciones Unidas y los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos— con los propios pueblos indígenas. En las sesiones de consulta indígena sobre el Tren Maya —por lo menos en más de la mitad de ellas documentadas por una Misión civil de observación—, el Estado presentó el Protocolo y no se acordó el procedimiento de la consulta con los propios pueblos indígenas, simplemente se les indicó que la etapa deliberativa —en la que los pueblos analizarían la información recibida— duraría quince días y que la etapa consultiva —en la que los representantes comunicarían la decisión de sus pueblos— sería el 14 y 15 de diciembre.
A las confusiones anteriores —una o dos consultas, Actos previos o Acuerdos previos— se suman muchas otras que no puedo exponer aquí, pero sí quiero destacar una. ¿Qué es exactamente lo que se está consultando, un tren o algo más? En los cuadernillos que ha distribuido el gobierno federal se expone que “El Tren Maya es un proyecto integral cuyo objetivo principal es lograr el desarrollo sustentable del sureste de México. Para esto habrán de realizarse diversas actividades y trabajos basados en los siguientes ejes: ordenamiento territorial, preservación del medio ambiente, bienestar y desarrollo económico incluyente, protección y promoción del amplio patrimonio cultural de la región y respaldo a las comunidades y pueblos indígenas respetando su identidad y valores”. Como las propias autoridades han señalado, “El proyecto del Tren Maya es más que un medio de transporte”.
El problema es que en la consulta indígena solo se ha “informado” —en seguida aclararé por qué entrecomillo esta palabra— sobre el Tren Maya como un medio de transporte: sus tramos, las estaciones, las etapas de la construcción de cada tramo, los elementos de la vía, cómo será el Tren Maya y unos ejes de acción como la economía, el ambiente y el ámbito sociocultural. Asimismo, las autoridades han anunciado “polos de desarrollo” de los cuales algunas estaciones formarán pare y que dichos “espacios serían impulsados a partir de diversas actividades económicas para planear bien las ciudades”. Entonces, a las comunidades indígenas consultadas se les proporcionó información sobre el Tren como medio de transporte, pero no se expuso información sobre los polos de desarrollo, ordenamiento territorial, preservación del medio ambiente, protección y promoción del patrimonio cultural, entre otros temas. Además, como argumenté en un artículo publicado en este espacio la semana pasada, las autoridades no cumplieron con el estándar internacional de consulta informada, ya que la Relatoría Especial sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU ha establecido que “es esencial que el Estado haga estudios sobre el impacto ambiental y social a fin de que se puedan conocer todas las consecuencias que cabe prever.
Los grupos indígenas interesados deben conocer esos estudios de impacto en las primeras etapas de las consultas”. Estos estudios no se han realizado. De igual modo, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU ha indicado que la información proporcionada a los pueblos indígenas debe cubrir “una evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y ambiental, incluidos los posibles riesgos y una distribución de beneficios justa y equitativa en un contexto que respete el principio de precaución”. Esa evaluación no se ha realizado o por lo menos no se ha informado de ella a los pueblos indígenas (ni a la ciudadanía en general). Mucho menos, como ya he señalado, se proporcionó información “plena y precisa”, “suficiente, accesible y oportuna” —como exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— sobre los polos de desarrollo.
Así que hay que decirlo con todas sus letras: la consulta indígena sobre el Tren Maya no se ha hecho de conformidad con el estándar internacional de una consulta informada.
A pesar de la ausencia de estudios y evaluaciones preliminares de impacto económico, social, cultural y ambiental, y de falta de información plena, precisa, suficiente, accesible y oportuna sobre todo lo que implica el proyecto Tren Maya —como los polos de desarrollo—, se realizaron las etapas deliberativas y consultiva de la consulta. En Yucatán, las asambleas regionales consultivas se celebraron el pasado 14 de diciembre en cinco municipios: Chichimilá, Dzitás, Maxcanú, Tixpéhual y Tunkás. En el caso de Tunkás, asistimos 198 personas, incluyendo 72 “autoridades tradicionales” (comisarios municipales y ejidales). La etapa consultiva consistió en la siguiente pregunta: “¿cuál es la opinión de las autoridades y representantes indígenas sobre el Proyecto Tren Maya?”. Las más de veinte intervenciones —principalmente de comisarios municipales y ejidales— coincidieron en que quieren el Tren Maya, pero hicieron observaciones que se deben tomar en cuenta con toda seriedad.
Por ejemplo, una persona de Buczotz dijo que “mi preocupación, con todo el respeto, es el manejo del Tren”, que le preocupa que ocurra lo que sucedió en Cozumel, donde se dijo que el proyecto turístico iba a implicar trabajo para los cozumeleños, “pero vinieron los ricos y se adueñaron de todo”, por lo que pidió que se levantara un acta en la que se asiente que los mayas sean los que manejen todo (lo relacionado con el Tren), “que nadie venga a pisotearnos, a humillarnos”. Una persona de Tunkás comentó “no estoy en contra del Tren Maya (…) viví en Cancún, se debe invertir en seguridad” (a propósito de la llegada masiva de turistas). Otra expresó su preocupación por el agua: “con el proyecto vendrá mucha gente, habrá contaminación del agua”. Otra señaló que las mujeres artesanas enfrentan problemas por los intermediarios o coyotes y los monopolios en Mérida y Chichén Itzá: “sí nos interesa el Tren Maya, pero que (nosotras) seamos las líneas de producción, que seamos las dueñas de los locales (…) no vamos a permitir que los grandes empresarios nos dejen en la peor pobreza”. Varias personas que intervinieron pidieron que los recursos relacionados con el Tren Maya lleguen directamente a las comisarías, pues “si llegan a los presidentes municipales, (a nosotros nos) van a llegar migajas”.
Las intervenciones en Tunkás dieron cuenta de las condiciones de pobreza, marginación, falta de oportunidades laborales en los municipios de la región; de las experiencias de migración a Mérida y a Quintana Roo; de la corrupción en los gobiernos y los pocos recursos que llegan a las comisarías; de los problemas de la venta de tierras ejidales, así como preocupaciones por las afectaciones ambientales, principalmente por desmonte y contaminación del agua.
Si el proyecto Tren Maya es más que un medio de transporte y consistirá también en una serie de polos de desarrollo, ¿quiénes definirán ese desarrollo?, ¿desarrollo para quién? ¿Para quienes se han enriquecido siempre a costa de comunidades y el medio ambiente?, ¿o acaso serán las propias comunidades mayas las que manejarán el proyecto?
La actual Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas ha comunicado al gobierno de México la necesidad de entablar “diálogos en condiciones de igualdad entre los pueblos indígenas y autoridades de gobierno sobre el concepto de desarrollo que conduzcan a la adopción de decisiones conjuntas sobre el desarrollo en territorios indígenas”. Lamentablemente, la consulta indígena sobre el Tren Maya no ha sido un verdadero diálogo sobre el concepto de desarrollo. Y si algo han dejado claro los mayas que han participado en la consulta —así como los que las han criticado—, es que ya no dejarán que sean pisoteados y humillados, y que no quieren el desarrollo que ha beneficiado a los mismos de siempre.— Mérida, Yucatán
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM