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En el marco del XLV Congreso Nacional y Asamblea Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, el ombudsman del estado, Harley Sosa Guillén, se pronunció a favor del fortalecimiento de los derechos humanos mediante la reparación integral del daño a las víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de la autonomía de para que los organismos den mayor cobertura a la promoción y defensa de estos derechos.
Sosa Guillén, quien además funge como Vicepresidente dentro de esta federación que congrega a todas las y los ombudsperson del país, estuvo presente en la reunión del Comité Directivo, encabezada por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez y el Presidente de la federación, Felipe de Jesús Martínez Rodarte. En dicho encuentro se analizaron cuestiones respecto a la autonomía normativa y presupuestaria de esas instancias, para un mejor ejercicio de sus atribuciones
El objetivo es establecer una agenda en común que les permita a las comisiones de derechos humanos tener mayor posibilidad de dar cobertura a la población, pues existen casos en donde las comisiones reciben un presupuesto de tres pesos per cápita para la defensa de los derechos humanos respecto a la densidad de población.
Durante los trabajos desarrollados en el Congreso y la Asamblea, Sosa Guillén además participó en el panel sobre reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, junto a Julio Hernández Barrios, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del país.
Sosa Guillén y Hernández Barrios posteriormente entablaron una reunión para hablar sobre los temas más relevantes de atención a víctimas, entre los que destaca un caso de tortura en Quintana Roo, -mismo que también tuvo conocimiento la CEAVE- motivo por el cual la Comisión de Derechos Humanos del estado emitió una recomendación en 2015, y que hace unas semanas salió en libertad. En este sentido ambos titulares acordaron la necesidad de conjuntar acciones para que se cumplan todos los puntos de la recomendación y así reparar el daño ocasionado por servidores públicos estatales de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado.
