Opinión | Desaparecidos… y desconocidos

Por: SemMéxico

Dulce Ma. Sauri Riancho (*)

SemMéxico, Mérida, Yucatán, 08 de abril, 2026.-En México, hay muertos que siguen desaparecidos

Algunas tragedias se viven en silencio. Y otras, aunque se cuenten, no terminan de asumirse.

México lleva años intentando dimensionar el horror de sus desaparecidos. Las cifras han crecido hasta superar las ciento treinta mil personas. Hoy se discute cómo depurar el registro: clasificar, ordenar, distinguir entre casos con indicios suficientes y aquellos que no los tienen. Se habla de consistencia de datos, de metodologías, de depuración estadística.

Pero mientras se ordenan las cifras, persiste una pregunta incómoda: ¿en dónde están? Y junto a ella, otra aún más perturbadora: ¿quiénes son los que ya están… pero no tienen nombre?

Muertos sin nombre

La crisis de las desapariciones tiene un espejo silencioso y estremecedor: la crisis forense.

Hay decenas de miles de cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado. Se acumulan en servicios médicos forenses, en resguardos provisionales, en panteones ministeriales. Algunos permanecen en cámaras frigoríficas durante meses o años; otros han sido sepultados como “desconocidos”.

Pero no sabemos con precisión cuántos son, dicen que 70 mil. No sabemos exactamente dónde están. Este desconocimiento no es un dato técnico. Es, en sí mismo, parte del problema. Porque revela que el país no sólo ha perdido a miles de personas. Ha perdido también la capacidad de reconocer a sus muertos.

Hay algo profundamente perturbador en esta coexistencia.

Por un lado, miles de familias buscan. Por otro, miles de cuerpos esperan.

Unos no aparecen. Otros ya están… pero no han sido identificados.

Entre ambos extremos se abre un vacío que no es administrativo. Es moral.

Porque la desaparición no termina con la muerte. Termina —si es que lo logra— con la identificación. Mientras esto no suceda, la desaparición continúa. Se prolonga en la incertidumbre, en la espera, en la imposibilidad del duelo.

Límites del lenguaje

El Estado ha construido categorías jurídicas para entender el fenómeno: desaparición forzada, desaparición cometida por particulares. Son necesarias para investigar, para sancionar, para delimitar responsabilidades.

Pero hay un punto en el que ese lenguaje deja de alcanzar.

Para las familias, no hay tipologías. Hay ausencia. No importa quién se llevó a la persona. Importa que está desaparecida.

Por eso inquieta la idea de depurar cifras a partir de “datos insuficientes”. Porque se corre el riesgo de convertir personas en folios y expedientes incompletos, y las desapariciones en números manejables, como los códigos de las marcas y los almacenes comerciales.

Pero un expediente incompleto no es una vida inexistente o que se pueda borrar. Es más: puede ser una vida que se extinguió y un cuerpo que espera en la plancha de una morgue.

Decisión, no sólo ciencia

La crisis forense expone con crudeza los límites del Estado.

Identificar un cuerpo mediante ADN es, en términos técnicos, un procedimiento conocido con certeza científica. Puede realizarse en días. Su costo es acotado. Los protocolos existen.

Lo que falta no es ciencia. Es capacidad. Y sobre todo, decisión.

México enfrenta un problema de escala: miles de cuerpos sin identificación, sistemas fragmentados, laboratorios insuficientes, bases de datos que no dialogan entre sí.

El resultado es devastador: restos humanos que se acumulan; muestras que no se procesan; registros que no se cruzan.

El Estado busca a los desaparecidos. Pero al mismo tiempo administra cadáveres sin nombre.

La magnitud de ambos universos —el de los desaparecidos y el de los cuerpos sin identificar— no es distante. No son cifras equivalentes, pero su cercanía plantea una posibilidad inquietante: que una parte de quienes son buscados ya fue encontrada… sin ser reconocida.

No es una afirmación. Es una pregunta. Y basta para entender la gravedad del problema.

Ellas no se detienen

En medio de este vacío, hay quienes no han dejado de buscar.

Más de doscientos colectivos recorren el país. Están integrados, en su mayoría, por mujeres: madres, esposas, hermanas. Son ellas quienes han sostenido la búsqueda cuando las instituciones han sido insuficientes o se han dado por vencidas.

Las mujeres buscadoras han tocado una y otra vez las puertas de los servicios forenses. Llegan con fotografías, con expedientes improvisados, son memoria viva. Y, muchas veces, con hallazgos: restos humanos que ellas mismas ayudaron a encontrar en entierros clandestinos.

Pero del otro lado encuentran un muro.

La burocracia administra la espera. Responde con trámites, con oficios, con turnos. Y, casi siempre, con la misma explicación: no hay presupuesto suficiente, no hay capacidad técnica.

Así, lo que las familias encuentran en la tierra queda atrapado en el aparato del Estado. Y lo que podría convertirse en una respuesta vuelve a diluirse en la incertidumbre.

Frente a esta realidad, la discusión no puede reducirse a la depuración de registros.

Ordenar cifras es necesario. Pero no es suficiente.

México necesita empezar a reconocer a sus muertos.

Primer paso posible

Esa decisión puede tomar forma concreta. Una Jornada Nacional de Identificación permitiría enfrentar el rezago forense: integrar una base nacional de ADN de familiares de personas desaparecidas; sistematizar registros; realizar cruces masivos de información genética y devolver identidad al mayor número posible de personas.

Es técnicamente viable.

Su costo, estimado entre 500 y 1,000 millones de pesos, cubriría la toma de muestras, el procesamiento en laboratorios especializados y la integración de bases de datos interoperables.

Frente a la magnitud de la tragedia, es un costo ínfimo.

Porque identificar a una persona no es un procedimiento técnico o estadístico. Es devolverle su nombre. Y, con ello, darle a alguien la posibilidad de dejar de buscar. Es “volverte a casa”, como le dijo Ceci Flores a los restos de su hijo.

No hacerlo tiene consecuencias.

Cada cuerpo sin identificar es una historia interrumpida. Cada registro incompleto es una búsqueda prolongada. Cada fosa sin trazabilidad es una forma de olvido institucionalizado.

Y cada día que pasa sin resolver esta brecha amplía la distancia entre el Estado y la sociedad.

Hay, además, otra dimensión que debería inquietarnos.

La indiferencia

¿Cómo se normaliza que haya decenas de miles de personas desaparecidas? ¿Cómo se acepta que existan miles de cuerpos sin nombre bajo custodia pública? ¿Cómo se asume que no sepamos cuántos son ni dónde están con exactitud?

La repetición de la tragedia ha generado resignación. Se empieza por tolerar la incertidumbre. Se termina por convivir con el horror como si fuera parte de un paisaje inevitable.

Pero no lo es.

Y no debería serlo.

En un país que aspira a ser democrático, ninguna persona debería desaparecer sin dejar rastro. Y ningún cuerpo debería permanecer sin nombre.

Esa es una línea básica de civilización.

México no enfrenta solo una crisis de seguridad. Enfrenta una crisis de reconocimiento.

No sabemos cuántos nos faltan. No sabemos cuántos ya están.

Y lo más grave: estamos empezando a aceptar que esa incertidumbre es inevitable. Porque un país que no nombra a sus muertos no solo pierde a sus desaparecidos: aprende poco a poco, a convivir con lo intolerable.

dulcesauri@gmail.com

(*) Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Ex gobernadora de Yucatán