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Son tantas y tan contradictorias las manos metidas en las reformas anticorrupción, es tan compleja la trama, que, incluso, habiendo avanzado ya en esas iniciativas en el Senado de la República y enviadas a la Cámara de Diputados, no queda claro qué es lo que se votó y quién propuso e impulsó qué.
Por ejemplo, la tres de tres a las personas físicas y morales que de alguna forma reciban recursos públicos (por contratos, adjudicaciones, etc) no es verdad que fue producto de un madruguete contra la Iniciativa Privada. La propuesta estaba sobre la mesa desde hace meses. Aquí escribimos en su momento que nos parecía una barbaridad, como también me parecen una barbaridad muchos de los puntos incluidos en las nuevas leyes, capítulos que en el papel lucen inmaculados, pero cuando se piensa en los mecanismos de aplicación cotidiana, en su eficiencia o en los problemas que pueden desencadenar, pierden buena parte de su encanto.
Estamos haciendo con el Sistema Nacional Anticorrupción algo similar a lo que hemos hecho con las leyes electorales: un sistema que funcionaba y era eficiente ha sido transformado en un monstruo devorador de dinero que ha hecho los comicios más complejos, inequitativos y, sin duda, mucho más caros que antes. Y lo que va a suceder es que saldrá adelante esta legislación (como ocurrió con la electoral) pensando que los errores e insuficiencias y la enorme sobrerregulación ambicionada, se repararán en el futuro. Y eso es políticamente mucho más costoso.
No estoy ni remotamente en contra de la existencia de un Sistema Nacional Anticorrupción eficiente y moderno. Estoy convencido de que vencer la corrupción es el mayor desafío que tiene el Estado mexicano hoy. Pero, también, creo que las sobrerregulaciones propuestas, muy por encima de cualquier democracia contemporánea, no ayudarán en ese objetivo, pero sí terminarán afectando tanto la gobernabilidad como la marcha de la economía. ¿Cuántos empresarios medianos o pequeños estarán dispuestos a entregar la tres de tres para sacar un contrato de papel o publicidad con una dependencia oficial? ¿Cuántos de los grandes estarán dispuestos a que sus datos personales, incluyendo patrimonio, cuentas bancarias, conflictos de intereses, suyos y de sus familiares directos, puedan hacerse públicos? Imaginemos una gran empresa extranjera que viene a hacer una inversión para la que tiene apoyos federales o estatales (como todas las empresas automotrices que se han instalado en el país en los últimos años) ¿seguro que van a presentar su tres de tres con datos fiscales, personales de sus directivos, sus posibles conflictos de interés nacionales o internacionales? Lo van a pensar muy bien o buscarán cómo disimular, no transparentar esa información. Y lo mismo va a pasar con todos los trabajadores llamados de confianza, aunque tengan posiciones o salarios de base, pero que también tendrán que presentar su tres de tres, con los dirigentes de los partidos políticos, de los sindicatos y hasta con los sacerdotes que reciban recursos públicos por encima de tres salarios mínimos mensuales.
Pero que no se queje tampoco la Iniciativa Privada de que esos requisitos son injustos para las empresas. Primero, porque estaban en los documentos originales sobre el tema. Y segundo, porque tienen toda la razón los legisladores que dicen que la corrupción tiene dos partes: el que recibe y el que da y que ambos tienen que rendir cuentas. Lo que pasa es que la forma en la que se están presentando las iniciativas va a terminar ahorcando a unos y otros. Y nadie quiere ver la soga en su propio cuello.
Hay una justificada indignación de la gente por los actos de corrupción que hemos visto, que siguen impunes y una necesidad insoslayable de contar con un sistema eficiente. Pero estamos poniendo demasiado el acento en mecanismos cada día más complejos, debatimos, incluso, sobre los formatos que se tendrán que llenar, cuando muchas de esas cosas se podrían simplificar regresando a algo que olvidamos en aras de la sobrerregulación: el cumplimiento de la ley, de leyes sencillas, claras, contundentes. Y en ese sentido el contar con una fiscalía especializada en la PGR (o en la nueva fiscalía general) y de jueces especializados que hagan justicia expedita es mucho más importante que la tres de tres, o que el formato de las declaraciones. Veo que en Argentina, sin tanta parafernalia y sin cambios legales, están avanzando en desmantelar estructuras de corrupción mucho más rápido y más eficientemente que en Brasil o Guatemala, con estructuras nacionales e internacionales interviniendo abiertamente en el Estado.
La corrupción no es un fenómeno cultural, es un fenómeno que resulta de estructuras de control insuficientes y anacrónicas que no se resolverá creando sistemas burocráticos pesados e igual de ineficientes. Sobrecargar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción sólo logrará paralizarlo. Lo que se necesita son controles, fiscales y tribunales especializados, que rompan con la impunidad.
Fuente: http://m.excelsior.com.mx/
