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INGRID
Guadalupe Ramos Ponce
Fuente: Partidero. Periodismo de Diez
“Una discusión de pareja terminó con la vida de Ingrid”. Así se refiere el periódico El Informador el feminicidio de Ingrid Escamilla. El Universal señala: “En 2019 ella interpuso una denuncia por violencia ante la entonces procuraduría capitalina. El trámite solo quedó en el archivo porque Ingrid no siguió con el proceso legal y decidió darle una segunda oportunidad a la relación de cinco años que tenía con su agresor”.
El feminicidio de Ingrid ha generado, además de indignación por su asesinato, el debate necesario sobre la manera en que los medios de comunicación abordan estos casos. Las justificantes que naturalizan la violencia: “Una discusión de pareja terminó con la vida de Ingrid”. No, de ninguna manera fue la discusión en pareja lo que derivó en un feminicidio, es la violencia estructural que promueve, permite, genera la violencia contra las mujeres en todas sus formas y que se abreva diariamente a través de las canciones misóginas, las telenovelas y los roles aprendidos en las masculinidades tóxicas y machistas que aprenden que un cuerpo de mujer puede ser objeto de uso y desuso.
Y no, tampoco es que ella no quisiera seguir un proceso legal y “darle una segunda oportunidad” a su agresor, no es de ella la responsabilidad y la culpa por la violencia que recibió y que la privó de la vida. Aquí hay una responsabilidad del Estado que no brinda seguridad y de atención a las mujeres que se atreven a denunciar las violencias que viven.
El caso de Ingrid muestra las incapacidades de quienes son operadores de justicia, de quienes filtraron sin ningún pudor las imágenes de la escena del crimen y del cuerpo martirizado de Ingrid. Muestran a un aprendiz de policía interrogando sin ningún protocolo y violando el debido proceso a un feminicida confeso sin acompañamiento de su abogado defensor, en detrimento de la propia víctima.
Los medios de comunicación narran los feminicidios desde la óptica de la nota roja y criminal, violentando derechos de las víctimas y el debido proceso. La problemática social del feminicidio nunca es vista como una violación a los derechos humanos de las mujeres, sino que la presentan como hechos criminales aislados, con lo que reproducen estereotipos en los que se justifica al agresor y las víctimas son tratadas como objetos.
En el informe “Feminicidio en medios impresos 2011-2012, por una cultura periodística con perspectiva de género”, realizado por el Observatorio de Medios de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) entre julio de 2011 y julio de 2012, se analizaron 786 textos de seis periódicos de circulación nacional: El Sol de México, El Universal, Excélsior, La Jornada, Milenio y Reforma.
En su investigación, el Observatorio encontró que son los hombres los encargados de producir la información sobre feminicidio ya que son los reporteros quienes en su mayoría cubren la nota roja, una de las secciones donde se ubican los textos sobre los asesinatos de mujeres. El informe señala que: “En muchos de los casos son las propias instancias gubernamentales quienes reproducen estereotipos de género, responsabilizan a las víctimas y exculpan a los agresores”.
En el caso de la cobertura periodística del feminicidio en México, es de vital importancia para las y los periodistas dedicados a difundir estos acontecimientos, reconocer las violencias machistas y misóginas, evitar la sexualización del cuerpo femenino y modificar el lenguaje para visibilizar y centrar el problema de la violencia en las personas agresoras y no en las víctimas. A Ingrid la mató el feminicida Erik Francisco Robledo Rosas y la violentaron en sus derechos humanos la Policía capitalina y los medios de comunicación que difundieron sus imágenes y justificaron con sus notas misóginas su feminicidio.
Descansa en paz, Ingrid, acá se queda una sociedad indignada exigiendo justicia.
ACERCA DEL AUTOR
Guadalupe Ramos Ponce
María Guadalupe Ramos Ponce es doctora en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo, además de investigadora y académica de la Universidad de Guadalajara. Funge también como coordinadora del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en México (CLADEM) en Jalisco.