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El pasado 7 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del medio comunicación Luces del Siglo, sus abogados y diversos periodistas en el estado de Quintana Roo. Prácticamente se ordenó al Estado mexicano que protegiera un conjunto representativo de personas (17) que han ejercido la libertad de expresión de manera crítica frente a la administración actual en aquella entidad del Caribe mexicano.
Como ARTICLE 19 ha reportado desde hace más de dos años, la revista Luces del Siglo (ahora también diario, en alianza con Grupo Reforma) ha sido clonada sistemáticamente. Hasta mayo de 2015 se registraron 71 clonaciones del semanario, difundidas desde las cuentas de Twitter de funcionarios públicos. Un ente poderoso, presumiblemente desde la administración pública, reproduce portadas o números enteros falsos halagando al gobierno, siendo que las portadas originales contenían encabezados sumamente críticos. Una forma de ataque sistemática, burda y atípica a la libertad de expresión que trascendió a la tradicional compra masiva de una revista.
A ello le acompañan constantes publicaciones discriminatorias y difamatorias en medios de comunicación con líneas editoriales oficialistas (Respuesta y Polémica, por ejemplo), calificando a la presidenta del medio, Norma Madero Jiménez, como un “peligro para Quintana Roo”. En paralelo, otros colaboradores del medio y sus abogados han sido denostados, espiados, vigilados y hasta detenidos ilegalmente.
Con la película completa, desde el 2011 se ha documentado el despliegue de una estrategia informática de ataques sistemáticos y selectivos hacia periodistas y toda persona con una postura crítica hacia el gobierno, la cual incluye la utilización de gran cantidad de recursos humanos y materiales, como cuentas falsas de Twitter, clonaciones, bots, trolls, retuiteos automáticos de cuentas oficiales.
Parece ocioso señalarlo, pero las instancias federales y estatales responsables de garantizar los derechos en juego han aplicado medidas que, tal como lo calificó la CIDH, han sido ineficientes. De la misma manera, las investigaciones penales no han sido diligentes ni exhaustivas. Incluso se buscó la protección del Poder Judicial de la Federación a través de amparos, con resultados nulos.
Nada nuevo bajo el sol. Una muestra alarmante de la incapacidad para tutelar derechos de un sistema robusto y caro creado para proteger derechos humanos. En este caso, se involucró a la Fiscalía Especial para la atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR), al Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, el Poder Judicial, y la Procuraduría General del Estado de Quintana Roo. Entre complicidades e incapacidades de las instituciones locales y federales, se comprobó que es contraproducente –y hasta riesgoso– activar tantas instancias; ello impuso la necesidad de acudir a organismos internacionales.
Sin embargo, en un acto de franca provocación y desdén contra la CIDH, la semana pasada se crearon cuentas falsas de Luces del Siglo en Facebook y Twitter. A ello habría que sumar que después de casi dos meses y ante la insistencia de ARTICLE 19, se buscó a los periodistas y abogados beneficiarios de las medidas interamericanas para apenas acordar un plan de protección.
Todo lo anteriormente expuesto plantea dos conclusiones preocupantes.
La primera es que los gobiernos de entidades con procesos documentados y denunciados de ataques sistemáticos a la libertad de expresión gozan de protección política absoluta. Véase los ejemplos de Quintana Roo y Veracruz, por supuesto tomando en cuenta la diferencia en la magnitud de las violencias. No se explica la total negligencia de un sistema de instituciones federales, activadas por periodistas y medios atacados bajo la (falsa) premisa de que la Federación tiene la capacidad de garantizar su seguridad por ser ajena a las dinámicas de poder locales. Es decir, la idea de centralizar funciones de protección y garantía de la libertad de expresión en instancias federales lo único que ha generado es más burocracia y mayor discrecionalidad derivada del cálculo político.
Como segunda conclusión tenemos que el gobierno federal ha cimentado una postura política de confrontación con los sistemas universal e interamericano de derechos humanos. Dicha postura –acompañada de una narrativa reproducida hasta la náusea– reduce la grave crisis derechos humanos a la supuesta sobreexposición de México ante los órganos internacionales de derechos humanos. Para el gobierno federal nuestro país está muy vigilado por la perversa actuación de actores internacionales con “intereses ocultos”. La crisis financiera anunciada recientemente por la CIDH será capitalizada por un gobierno que hace más patente su aversión por el escrutinio internacional. Dicha variable se manifiesta con el caso de Luces del Siglo.
En esta coyuntura el gobierno mexicano, como corresponsable en la sostenibilidad financiera del órgano interamericano, ya dejó clara su postura, en espera de la estocada final. Retomando la famosa frase de José López Portillo, utilizada precisamente para describir su relación con la prensa hace 37 años, el régimen actual nos recuerda: “no pago para que me peguen”.
@article19mex
Animal Político
