México: Iniciativa de ley de feminicidio incluiría sanciones a funcionarios

Sara Lovera

Cd. de México (SEMlac).-. La iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio incluirá sanciones ejemplares a las y los servidores públicos que sean omisos en investigar o sancionar el delito de feminicidio. A la iniciativa presidencial se le agregará un capítulo al respecto, informó a las madres buscadoras la abogada Karla Michel, asesora de la comisión de igualdad del Senado de la República.

Un grupo de madres de víctimas de feminicidio se reunió con la Comisión de Igualdad del Senado para hacer propuestas de cambios a la iniciativa presidencial que no pudieron hacer el 18 de agosto, y sostuvieron en sus intervenciones que una ley no resolverá la impunidad, ni la verdad y justicia. Exigieron que se haga un análisis más profundo en donde se tome en cuenta la experiencia de sus procesos; no servirá una nueva ley si no hay cambios en el sistema judicial.

Por su parte, el Senado informó que se sistematizan las propuestas y que la iniciativa presidencial se modificará antes de dictaminarse. Se escucharán todas las voces, aseguró Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la comisión de igualdad, en declaraciones a SEMlac.

En una reunión con madres buscadoras de siete entidades del país, Michel dijo que, hasta el 26 de agosto pasado, se recibieron 800 propuestas de modificación a la iniciativa, donde es unánime la demanda de sanción a quienes atienden el feminicidio y no cumplen; el 90 por ciento de las propuestas demandan que esta iniciativa se armonice con el presupuesto anual para asegurar recursos a la investigación y sanción del feminicidio.

Las madres del feminicidio exigieron ser escuchadas, dijo Irinea Buendía, quien elaboró la iniciativa Mariana Lima para evitar al máximo que a los feminicidios se les etiquete como suicidios. Buendía, al salir de la reunión “informal” con la asesora de la Comisión de Igualdad, explicó que la iniciativa no deberá dictaminarse sin escucharlas.

Ella y otras madres acudieron al senado a una reunión que fue cancelada a última hora, dijeron Irinea y sus compañeras, sin considerar los viajes “sin viáticos ni apoyo” que hicieron desde Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Querétaro y la Ciudad de México. Las reagendaron para el lunes 7 de septiembre por la tarde.

“Haremos un taller” para explicar la ley, dijo Micher Camarena, al tiempo de afirmar que “queremos oír a todas y todas sus inquietudes” antes de dictaminar.

La iniciativa está llena de huecos y ni siquiera define qué es el feminicidio, explicó la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de Ma. del Sol Cruz Jarquín, asesinada con armas de alto poder hace más de ocho años en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y afirmó que tuvo que recurrir a la Cedaw (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) luego que el caso se cerró sin justicia.

En la reunión “informal”, frustradas por no poder hacer sus propuestas, las madres contaron cómo es la impunidad la mayor de las violencias institucionales que han vivido. Algunas relataron cómo a lo largo de los años, tres, cinco, ocho, 12 o más, han tocado todas las puertas en un laberinto del sistema judicial, sin lograr justicia.

“Por ello queremos que castiguen a las y los funcionarios que nos torturan y engañan en los procesos” dijo Clarita Yáñez, del Estado de México.

Ya estamos “hasta la madre”, dijo Jarquín Edgar, luego de afirmar que en el caso de su hija hay funcionarios, como el fiscal premiado por el gobierno con la representación de la fiscalía de la república en el Estado de México.

Se trata de Rubén Vasconcelos Méndez, ex fiscal general del estado de Oaxaca, responsable del sobreseimiento del expediente en el Tribunal de Enjuiciamiento. Bajo su mandato se saqueó la carpeta de investigación y se falsificaron pruebas, ocultó información, se manipuló el material probatorio, la intimidó y difamó”, el comportamiento y el daño provocado es terrible para la sociedad, agregó.

En este caso, la investigación periodística que ella misma hizo identificó a otros funcionarios implicados en la mala investigación, uno de ellos fue premiado al ser elegido senador, otros nunca fueron investigados y algunos fueron cómplices en la pérdida de pruebas.

Clarita Núñez describió diez años de “humillaciones”, por eso pidió que en la nueva ley esos funcionarios sean castigados. Relatos semejantes se escucharon al salir de la reunión “informal” y, si se reúnen finalmente, llevarán sus propuestas por escrito, documentadas, para que no haya duda de la urgencia de ese nuevo capítulo sobre los servidores y servidoras públicas.

Otra de las madres del feminicidio, Adriana Gómez, de Chiapas, dijo que a su hija no se le ha hecho justicia y agregó que no basta una nueva legislación si no se transforma el sistema de justicia, dijo que sólo en marzo pasado ocurrieron cinco feminicidios, y “nuestra voz no existe”.

El 18 de agosto hubo una mesa de diálogo, con participación de 246 personas, pero las madres del feminicidio no pudieron hablar; las que sí lo hicieron, sólo hablaron tres minutos.

Karla Michel afirmó que, en estas reuniones con menos mujeres, se puede profundizar y descartó reuniones territoriales, como sugirieron las madres, quienes no pueden trasladarse a la ciudad de México. En estas mesas de diálogo y consulta tampoco hay presupuesto para atender a las madres y trasladarlas.

Informó Micher Camarena que el micrositio para propuestas las sigue recibiendo y que se analizarán para modificar la iniciativa presidencial. Se trata de que las comisiones las estudien, se haga un dictamen, para que esté listo el 15 de septiembre, y que la meta es dar nacimiento a la nueva ley general obligatoria para toda la República y sus tres niveles de gobierno, a más tardar en septiembre.

Hasta ahora hay unanimidad para abrir el capítulo de sanciones a las y los funcionarios, y también para asegurar recursos económicos, algo no contemplado en la iniciativa presidencia.

El 90 por ciento de las 800 propuestas de modificaciones a la iniciativa de Ley General sobre el delito del feminicidio coinciden, además, en que el aparato de justicia debe cambiar; las madres piden castigo a funcionarios y funcionarias, recursos para prevenir; claridad en el lenguaje y que se incluyan todas las formas de asesinato.

Por ejemplo, la iniciativa no habla de armas de fuego y punzo cortantes, cuando se sabe que es la forma en que asesinan a las mujeres sólo por ser mujeres; se trata de una omisión imperdonable, dijo Adriana Gómez, quien ha peregrinado por la justicia durante más de diez años.

Paz Rodríguez García, hija de Melesia García —víctima de feminicidio el 20 de marzo de 2021, hace más de cinco años—, explicó que el 29 de julio pasado la jueza Sandra Karimi absolvió a los presuntos feminicidas Fidel N. y César N., aunque hubo prueba científica.

La jueza cambió la hora del feminicidio. Paz explicó que, durante tres años y diez meses de investigación y tras trabajar en equipo con la fiscal, esta jueza los liberó. Consideró que la jueza mató a su madre porque manipuló todo el proceso. Pidió y exigió al Senado la revocación del fallo absolutorio del 29 de julio, protección inmediata y medidas de seguridad para las familias, aspectos que, señaló, tampoco son claros en la iniciativa.

Puntos clave de la propuesta presidencial

• Penas homologadas: se establecen sanciones de 40 a 70 años de prisión a nivel nacional.
• Investigación obligatoria: ordena que toda muerte violenta de una mujer sea investigada de oficio como feminicidio y con perspectiva de género.
• No prescripción: el delito no prescribirá.
• Protección y reparación: crea el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y dicta la suspensión inmediata de la patria potestad al agresor (incluso en grado de tentativa).

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