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120 familias ubicadas en los Fraccionamientos del Arco y Vista Alegre se enfrentan a una nueva faceta de la mafia inmobiliaria cada día más presente en Yucatán.
En esta ocasión familias compuestas en su mayoría de jubilados y personas de la tercera edad fueron demandadas por los campesinos integrantes del ejido de chuburna, encabezados por el Comisario Ejidal Baltazar Huchin Ramos y por su representante legal Rebeca Buenfil Méndez, asegurándo ser aún los dueños de las tierras donde se ubican sus predios.
Tras la denuncia de los campesinos el Tribunal Unitario Agrario #34 (TUA) emitió un fallo a favor de los ejidatarios exigiendo a estas familias pagar una indemnizacion por haber construido en estos terrenos, pero sin especificar el monto de esta indemnización, y tomando en cuenta como prueba clave unos planos, alterados, denunciaron los afectados.
Quienes indicaron que la decisión de esta sentencia recayó en el magistrado Antonio Betancourt Sánchez, quien llega al TUA 34, presuntamente huyendo de las múltiples denuncias en su contra en el Tribunal 27 de Sinaloa.
El fallo del magistrado dice que estas 120 familias están ocupando 4,000 hectáreas designadas desde 1925 al ejido de Chuburna, sin embargo, las familias cuentan con títulos de propiedad que en algunos casos datan desde 1929 y adquiridos los terrenos a un particular.
Los afectados dijeron defenderán su patrimonio hasta el final exigiendo el respeto a la propiedad privada y particularmente a su patrimonio construido con el esfuerzo de su trabajo de décadas.
