jueves , 28 marzo 2024
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Luis Ramírez: hay fallas en su proceso judicial

“Es un montaje, un caso armado”

La imputación realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra la abogada Martha Lorena Castillo Bolio, relacionada con el caso de la llamada “mafia inmobiliaria”, es sólo “un montaje, un caso armado por esa dependencia”, advierte el investigador universitario Luis Ramírez Carrillo, quien denunció el despojo de un predio de su propiedad, mediante una operación en la que intervino la abogada Castillo Bolio.

Estas acusaciones, añade, buscan en el fondo dar carpetazo a ésta y a otras denuncias de despojo de predios, y exculpar al notario suplente Luis Alberto López Rosado, señalado por avalar los despojos.

El expediente que turnó la Fiscalía está deliberadamente incompleto, indica Luis Ramírez Carrillo, por lo que existe el riesgo de que un juez lo desestime por falta de pruebas.

“En el caso de mi denuncia, investigar el cheque con el que el supuesto comprador se quedó con mi casa es clave para llegar al fondo del asunto. Empero, las autoridades no averiguaron la cuenta de donde salió ese dinero, quién lo cobró y la cuenta en la que ingresó”.

El viernes publicamos que la Fiscalía, en audiencia realizada en el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial, formuló impu-tación a Martha Lorena Castillo Bolio por los delitos de uso de documento falso y fraude específico, cometidos presuntamente al participar en operaciones de compraventa de bienes inmuebles en el estado.

El juzgado le impuso medidas cautelares, como el uso de brazalete localizador.

La imputación alcanzó también a Sergio Rojas Suárez, acusado de los mismos delitos cometidos junto con la abogada en otro caso de despojo.

Como hemos informado, esta abogada tramitó la protocolización de un contrato de compraventa sobre la casa ubicada en la calle 59, número 876 del fraccionamiento Las Américas por la cantidad de 750,000 pesos, propiedad de Ramírez Carrillo, entre Manuel Arredondo Dichi, de 22 años, y una persona que se hizo pasar por el investigador universitario, con una credencial del INE falsa.

El 11 de abril pasado, Ricardo Arredondo y su esposa Socorro Dichi, padres del comprador, explicaron a Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, que destinaron más de la mitad de los ahorros de toda su vida en adquirir ese predio, que habían visto anunciado en la página de Facebook de la empresa Emmax, de Emmanuel Vargas.

Éste les dijo que la casa era de Luis Ramírez Carrillo y que le urgía venderla en 750,000 pesos.

Los Arredondo, según su versión, mostraron interés en el predio, por lo que Vargas les pidió un adelanto de 200,000 pesos para asegurar la operación y los citó el 5 de enero de 2018 en las oficinas de Martha Castillo Bolio, con la que, dijo Vargas, “él acostumbraba trabajar”.

A ese lugar acudieron el propio Vargas, el matrimonio Arredondo Dichi y su hijo, y un sujeto que se identificó como Ramírez Carrillo. El comprador y el supuesto vendedor firmaron un contrato que había preparado Castillo Bolio, que lo protocolizó en una notaría. Luego de eso, recibió los 200,000 pesos de adelanto.

La operación se concretó el lunes 8 de enero, ante el notario suplente López Rosado y en presencia de todos los que acudieron a la oficina de Martha Castillo Bolio, tres días antes, de acuerdo con las declaraciones de Ricardo Arredondo.

En las oficinas del notario, los Arredondo entregaron un cheque por el saldo, 550,000 pesos, se dijo inicialmente, y luego se firmaron las escrituras.

Pocas semanas después, Ramírez Carrillo descubre la operación fraudulenta y denuncia los hechos en la Fiscalía y en Central 9.

Cuando los esposos Arredondo leen la información en el Diario, acuden con el notario López Rosado, pero ante la falta de una explicación satisfactoria, denuncian también el delito de fraude contra quien resulte responsable.

Tres meses después, la FGE anuncia la imputación contra Martha Lorena Castillo Bolio por ese caso y por otro muy parecido, que abordaremos en siguientes entregas.

Según Ramírez Carrillo, esta abogada es “un chivo expiatorio, usado para darle carpetazo al asunto y proteger a los culpables, en especial al notario suplente López Rosado. “Lo digo porque la Fiscalía formula la impu-tación, no obstante las evidentes fallas en la investigación, como la relacionada con el cheque expedido por los Arredondo para pagar el saldo de la compra de la casa, lo que demostraría que actuaron como compradores de buena fe”.

En sus declaraciones a Central 9, los compradores afirmaron que entregaron un adelanto de 200,000 pesos en efectivo y el saldo, 550,000 pesos, en un cheque.

(Central 9, empero, tiene evidencias de que esta cifra no es la que aparece en la escritura de compraventa, lo que pondría en tela de juicio las declaraciones de los compradores y la imputación de la Fiscalía, como informaremos más adelante).

Con respecto a la imputación, Ramírez Carrillo asegura que se trata de “un montaje” de la Fiscalía que no integró completamente el expediente, en particular el asunto del cheque que Arredondo habría entregado al supuesto vendedor en las oficinas de López Rosado, tal y como se asienta en las escrituras. (continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA

La Fiscalía no investigó el número de cuenta de donde salió ese cheque y si, en efecto, ésta es de los Arredondo. Tampoco investigó quién cobró el dinero y en qué cuenta se depositó, o si se cobró en efectivo.

Proceso Penal

El viernes pasado se imputó a dos personas de la llamada “mafia inmobiliaria”.

Cheque

“Los datos sobre el cheque de pago demostrarían que Arredondo Dichi es un comprador de buena fe y no parte de la simulación para apoderarse de mi casa”, dice Luis Ramírez Carrillo.

Sin consignar

“Aunque es un dato clave para desentrañar el caso, extrañamente la Fiscalía no lo incluyó en su imputación”, agrega.

Fuente: Diario de Yucatán

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