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Elda Montiel
SemMexico, Ciudad de México, 9 de mayo 2023.- Las reglas para los procesos legislativos no son meros formalismos sino la posibilidad de tomar decisiones basadas en el análisis y no por consigna, por eso es tan significativo para nuestra democracia la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar la primera parte del Plan B expresó en tribuna la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado Castro.
En sesión de la Comisión Permanente la legisladora precisó que la Corte refrenda el derecho de las minorías parlamentarias a discutir, a proponer y a ser incluidos en la toma de decisiones.
Por lo que para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano es motivo de certeza que el Alto Tribunal reafirme los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión de primera importancia para nuestra democracia, que es la defensa de los derechos de las minorías políticas en este Congreso de la Unión, minorías que además representamos millones de personas, millones de personas también parte del pueblo de México” afirmó al iniciar su participación en tribuna.
Reconoció que si existe la necesidad de una reforma electoral profunda pero construida en consensos para que las reglas del juego sean reglas de todas y todos, porque finalmente son las que harán y han hecho posible que las minorías se conviertan en mayorías, y las mayorías en minorías para la vida democrática y la diversidad de posiciones.
Resolución de la SCJN
La SCJN invalidó el primer decreto de las reformas político electorales que modifica las Leyes Generales de Responsabilidades Administrativas y de Comunicación Social.
La Corte resolvió, desde el 2008, que el procedimiento legislativo definido en la Constitución es la base del régimen democrático y no un mero formalismo. El órgano legislativo debe observar y proteger los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa e informada, así como los derechos de las minorías parlamentarias.
Las y los legisladores determinaron que no se cumplieron los requisitos señalados en el Artículo 71 constitucional para que fuera considerada una iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo Federal, por lo que debió tramitarse como una iniciativa ordinaria.
Se violó el Artículo 72 constitucional al no cumplir con los reglamentos de las Cámaras de Diputados/as y Senadores/as para el trámite de iniciativas ordinarias.
