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“Que no lloren porque los testigos protegidos se utilizan en su contra, ellos mismos los aprobaron” dijo el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Maclovio Murillo Chávez, sobre uno de los elementos de prueba que se presentan en la investigación y acusaciones de actos de corrupción contra priistas ligados al exgobernador César Duarte.
Murillo Chávez se refirió a la reciente captura del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez y la defensa que hizo el exdirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones, para tratar de desacreditar las investigaciones que se realizan en Chihuahua, con el argumento de que carecen de validez jurídica.
El funcionario a cargo de la estrategia jurídica para la investigación y consignación del exgobernador y su grupo, aseguró que gracias a la figura de testigos protegidos y la posibilidad de la obtención de evidencias a partir de la colaboración de imputados en la comisión de un delito, para atrapar a otros probables partícipes, es que en la actualidad se tienen a reventar los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos).
“Sólo a partir de esa útil figura, se ha investigado y sentenciado a supuestos líderes de la delincuencia organizada en México, quienes constantemente elevan su queja de ser enjuiciados a partir de versiones parciales de los hechos, debido a que quienes declaran en su contra, no guardan una situación de imparcialidad al tener la obtención de beneficios a cambio de su colaboración” aseveró. Ante ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido enfática en desestimar esos argumentos de parcialidad, validando los fallos que se dan con la colaboración de testigos y además con otros medios de prueba.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desestimado esos argumentos de parcialidad, validando los fallos que reiteradamente les conceden validez cuando se hallan corroboradas con otros datos de prueba. Eso es, ha sido y seguramente seguirá siendo” expresó el funcionario estatal.
Consideró que el problema es de ética, que plantea un cuestionamiento: “¿Qué preferimos, un sistema que utilice esos testimonios o bien, ponernos muy legalistas y dejar libres a los que delinquen por falta de testimonios absolutamente imparciales?”.
“Es sabido que la delincuencia planea, ejecuta y comete los delitos en la clandestinidad. Entonces, ¿cómo podemos tener testigos de sus actos? ¿Que no son los propios delincuentes quienes entre sí se conocen sus actos delictivos? Todas esas interrogantes se han resuelto de manera conveniente a privilegiar la justicia sobre el derecho y los diputados y senadores, entre los que se encuentran obviamente los del PRI, han aprobado la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que autorizan la obtención de testimonios a partir de la figura de la colaboración” comentó Murillo Chávez.
“Sin embargo, ahora cuando en Chihuahua por vez primera se está haciendo historia, investigándose a verdaderas redes de corrupción política que se integran en sofisticadas estructuras similares a las de la delincuencia organizada, los máximos líderes del priato que impulsaron esa importante figura, descarada y vergonzosamente la desdeñan, la descalifican y exigen que se inaplique por violar los derechos humanos” opina.
“Esto quiere decir que para unos posibles delincuentes, las previsiones legales que ellos mismos crearon son valederas, pero para investigación y sanción de sujetos que pertenecen a la clase política que las plasmó en leyes, son inadmisibles. Eso equivale a tener una doble moral que rompe el principio de igualdad, en la medida que se exige un trato diferenciado a situaciones análogas frente a la ley. Qué pena” agregó el funcionario, quien consideró moralmente inadmisible que quienes debieran estar del lado de la justicia, se pasen al bando contrario, “sólo porque ahora se investiga a sus cuates del PRI”.
Por otra parte, consideró erróneos los argumentos de la defensa de Alejandro Gutiérrez en la audiencia en la que fue vinculado a proceso el pasado jueves, al señalar que no podía ser acusado de peculado porque no era servidor público, sino secretario adjunto del PRI Nacional, no tesorero ni tenía a cargo el manejo de las finanzas.
“Sí puede ser acusado de peculado aunque no sea funcionario. Es por la figura jurídica de la coparticipación. Cuando varios sujetos se ponen de acuerdo con un propósito común, en este caso al pactar y operar la distracción de recursos públicos, en ese supuesto se actualiza la figura del codominio funcional del hecho, en el cual cada uno de los sujetos participantes realiza una cuota de aportación, ya sea en la etapa de planeación del delito, bien en su ejecución, respondiendo todos del delito, en virtud de que, de no realizar su aportación, el mismo no se hubiera consumado” explicó.
Por ello, señaló finalmente que lo que planteó la defensa en la audiencia, así como el escrito posterior que difundió Manlio Fabio Beltrones, son asuntos que ya han sido resueltos por la Suprema Corte.
Fuente: El Heraldo de Chihuahua
