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Lupita Ramos Ponce
La Crónica Jalisco
El 3 de septiembre de 2009 en la primera sesión de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión de México, se presentaron ocho solicitudes de licencia para abandonar el cargo por parte de 10 diputadas electas, en favor de sus suplentes todos hombres.
En ningún caso se presentó explicación para solicitar licencia. Varios de los suplentes eran líderes sociales, miembros de la iniciativa privada y ex-trabajadores de medios de comunicación, lo cual generó sospechas. Ante la presión pública para que el Congreso denegara las solicitudes de licencia, varias de las diputadas en cuestión recurrieron a no asistir a las sesiones de la Legislatura; de este modo y de acuerdo al reglamento para el gobierno interior del Congreso de la Unión, el presidente de la Cámara llamaría al suplente, únicamente informando a la asamblea.
Este caso fue conocido como de “las Juanitas”, en relación a un impresentable de la época llamado Juanito, quien desde la campaña anunció que renunciaría a su cargo a favor de otra persona. El caso de las “Juanitas” se llevó al Tribunal Electoral de la Federación y permitió adoptar la medida de homologar el sexo de los futuros candidatos a cargo público de elección popular con el de sus suplentes.
Recientemente, en pleno 2018, se presenta un caso similar de renuncia masiva de mujeres a los cargos para los que fueron electas el pasado primero de julio. Las mujeres relacionadas con las presuntas renuncias manipuladas han sido nombradas “Manuelitas”, haciendo alusión al nombre del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, de hecho, uno de los posibles beneficiados por las renuncias de mujeres electas sería Luis Humberto Morales Paniagua, quien es asistente del gobernador Velasco. Morales Paniagua accedería a una diputación plurinominal por el PVEM debido a que dos diputadas electas de su circunscripción renunciaron, abriendo las posibilidades al ayudante del mandatario.
Para dejar de usar los adjetivos de Juanitas y de Manuelitas que resultan incluso peyorativos, ahora le podemos dar nombre a estos casos: Son casos de violencia política de género. Es decir, las renuncias manipuladas a un cargo de elección popular son consideradas una forma de violencia política.
El caso de Chiapas lo dio a conocer Blanca Parra, quien es consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) y denunció que en ese estado decenas de mujeres habían desistido de su cargo, las renuncias posiblemente ocurrieron en medio de presiones políticas que fueron ejercidas por sus propios partidos. Las consejeras electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, Adriana Favela, Pamela San Martín, Claudia Zavala y el consejero José Roberto Ruiz, condenaron la posible violencia política en contra de las candidatas electas en Chiapas y confirmaron al menos 67 casos. La violencia política en razón de género en México ocurre con actos de discriminación, agresiones o en la coerción para que las mujeres realicen actos involuntarios, como ocurre con las renuncias bajo presión.
Lo ocurrido en Chiapas en pleno año de la paridad política es bochornoso e inaceptable, se hace necesario también tipificar como un delito la violencia política en contra de las mujeres por razón de género para que sea sancionable desde el punto de vista penal y también se pueda actuar en contra de las personas que realizan este tipo de conductas delictivas. Y llamémosle por su nombre, no son políticos, son delincuentes.
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