lunes , 17 agosto 2026

La impunidad frente al embarazo de niñas

Angélica de la Peña (*)

Fuente: El Sol de México

Hace muchos años, en uno de tantos talleres con mujeres, me conmovió la participación de una compañera de más de 70 años, quien, llorando, nos platicó cómo su abuelo la violaba desde que tenía 8 años y cómo, cuando cumplió los 12 años, huyó de su casa.

Le pregunté si cuando huyó ya estaba menstruando y me dijo que todavía no. Si ella no hubiese huido de ese horror, lo más seguro es que hubiera formado parte de las estadísticas de niñas madres de esa época.

Hace unos días, una niña de 11 años llegó a un hospital del IMSS en Matamoros, Tamaulipas, con fuertes dolores abdominales. Al ser revisada, se constató que tenía un embarazo de cinco meses. Se activaron los protocolos de atención y se informó a la Fiscalía del Estado y al DIF.

La niña presentaba serios riesgos para su vida, por lo que se le practicó una interrupción legal del embarazo. La Fiscalía, al abrir la carpeta de investigación por violación equiparada agravada, constató que esta niña venía sufriendo violencia sexual por parte de su padrastro.

El INEGI y el CONAPO nos informan que el porcentaje de niñas embarazadas sigue siendo un grave problema. En el censo de 2024 hubo 82 niñas madres menores de 10 años y 102 niñas de 11 años que dieron a luz.

En 2025 se registraron 7 mil 887 nacimientos cuyas madres tenían entre 10 y 14 años, todos clasificados como embarazos de alto riesgo. Cada día, 22 niñas de esas edades se convirtieron en madres.

Las niñas están indefensas en el espacio que se cree que es el más seguro: su familia. Por desgracia, es en este espacio donde se ven mayormente amenazadas y violentadas sexualmente, en su mayoría por hombres mayores con algún parentesco.

A pesar de que existe un marco jurídico de protección desde las materias civil y penal, así como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la NOM-046 y la NOM-047, las niñas no pueden recurrir a una autoridad por sí mismas. Y no es sino hasta que hay un caso como el de esta niña de Tamaulipas cuando todo el mundo se escandaliza y exige su investigación, pero no se analiza el contexto estructural de discriminación que provoca el machismo.

Ante esta situación, es necesario seguir exigiendo que se equipare hasta los 18 años de edad la protección legal de las niñas; que el “consentimiento” quede eliminado, inclusive para mayores de 15 o 16 años, y que siempre se investigue de oficio el embarazo temprano.

Estos comportamientos de hombres adultos hacia las niñas deben ser denunciados y sancionados. Hay contextos sociales y familiares donde prevalece la idea de que a las niñas y adolescentes se les ve y trata como objetos sexuales, como cosas; padecen mayor vulnerabilidad precisamente por su edad y por su sexo. También debemos dejar de pensar románticamente que el ambiente privado familiar es el lugar más seguro para las niñas; por desgracia, inclusive la madre se da cuenta de estos abusos y se queda callada.

De manera que, desde las instituciones del DIF, SIPINNA, SEP, Desarrollo Social y Salud, en los tres órdenes de gobierno, deben trabajar conjuntamente para prevenir la violencia y la discriminación contra las niñas; refrendar la importancia de los espacios seguros; garantizar una educación que informe sin prejuicios sobre la sexualidad y, según sea el caso, su protección legal.

La violación sexual en la niñez provoca miedo, depresión y minusvalía y, aun pasando los años, sigue causando mucho dolor a quienes la sufrieron.

(*) Defensora de derechos humanos

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