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El juez también amparó a Carlos Méndez, director del albergue Oasis de San Juan de Dios, quien denunció la falsificación de firmas de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán.
La Justicia Federal ordenó a la Fiscalía de Yucatán concluir la indagatoria por corrupción en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y ordenó determinar el ejercicio o no de la acción penal en un plazo máximo de 45 días.
El juez también amparó a Carlos Méndez, director del albergue Oasis de San Juan de Dios, quien denunció la falsificación de firmas para cerrar un expediente de la Codhey.
El cierre del expediente ocurrió tras la negación del servicio médico que derivó en la muerte de una persona migrante y la desatención así como la falta de medicamentos para personas con VIH/Sida, poniendo en riesgo la vida de más de dos mil personas en Yucatán.
A raíz de la denuncia por parte del albergue, la comisión reabrió el expediente y emitió la recomendación 17/2016 dirigida al Secretario de Salud, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita. Sin embargo, la alteración de documentos y la falsificación de firmas siguió impune.
De acuerdo con un comunicado de Equipo Indignación, A.C., la denuncia fue interpuesta en agosto de 2015, contra Edwin Alejandro Arcila Cordero y quienes resulten responsables, la cual se refiere a un caso que ocurrió en la anterior administración de la Codhey, cuando estaba por concluir sus funciones Jorge Victoria Maldonado y fungía como secretario técnico del organismo José Enrique Goff Ailloud.
El 10 de abril, el juez Tercero de Distrito con sede en Yucatán notificó la sentencia en la que determinó que la inacción o la dilación son tan graves o más que una negativa, pues dejan al denunciante en un estado de indefensión absoluta.
Casi tres años después de presentada la denuncia por alteración de documento y falsificación de firmas, el juez expresó en la sentencia que la autoridad ministerial paralizó la investigación en distintas ocasiones.
El juez federal señala en la sentencia de amparo que: “la omisión por parte de la autoridad responsable para resolver sobre el ejercicio de la acción penal, resulta violatoria de derechos fundamentales y, además, transgrede el derecho de seguridad jurídica de la víctima u ofendido del delito investigado”.
En su resolución, el juez especifica que “el plazo de cuarenta y cinco días mencionado, es el que este juzgador federal considera prudente y el estrictamente necesario para recabar los elementos de convicción correspondientes y pronunciarse sobre el ejercicio o no de la acción penal”, después de dos años ocho meses sin que se emita la determinación.
José Enrique Goff Ailloud aceptó ser propuesto por el gobernador Rolando Zapata como Fiscal Anticorrupción y, “a pesar de las denuncias y comunicaciones que hicimos llegar a las y los diputados distintas organizaciones, el Congreso del Estado lo nombró en ese cargo en noviembre pasado”, dice el comunicado de Equipo Indignación.
Fuente: Aristegui Noticias
