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Durante el segundo día de comparecencias de funcionarios de la administración a punto de terminar de Roberto Borge, los diputados de la XV Legislatura cuestionaron con dureza a la directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, por la opacidad en la venta de terrenos del patrimonio estatal, por lo que se advirtió que el Congreso pediría a la Auditoría Superior del Estado (ASE) la realización de una auditoría de todas las operaciones de la dependencia.
La polémica en el seno de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, que preside el diputado del PRD Emiliano Ramos Hernández, se centró en la venta de un predio ubicado en Akumal, con valor de alrededor de 107 millones de pesos, toda vez que consideraron indignante que el metro cuadrado de este predio se haya valuado en 65 pesos.
Ramos Hernández expresó su indignación, pues la directora del IPAE y su personal, no fueron capaces de responder a la solicitud de información de una enajenación realizada hace apenas sesenta días.
De acuerdo con los diputados integrantes de esta comisión, resulta inaceptable que se haya realizado la venta de este predio a un precio muy por debajo de su valor real, dada su ubicación y potencial turístico y comercial.
Sin embargo, la funcionaria, quien recibía indicaciones por su celular y en varias ocasiones tuvo que ser relevada por uno de sus colaboradores para dar las explicaciones técnicas, antes de terminar la comparecencia, pareció buscar desquitarse del ‘acoso’ de los diputados cuando dijo que habían algunos funcionarios a los que el IPAE les había vendido terrenos.
Antes, no había contestado esta pregunta expresa, pero casi al final de la comparecencia reveló que habían funcionarios que habían tenido tratos con el IPAE, entre los que se encontraban la ex diputada Alondra Herrera, quien regularizó un predio en Xcalak, así como Miguel Ramón Martín Azueta y Francisco López Mena, el primero Enlace para Asuntos Legislativos y el segundo coordinador general del equipo de transición de Carlos Joaquín González.
En estos dos últimos casos, aunque Romanillos Villanueva dijo que se trató también de regularizaciones de terrenos apegadas a la ley sin ningún asunto irregular, fue claro su interés en tratar de exhibir a los que se mencionan como posibles funcionarios de la nueva administración.
Eduardo Martínez Arcila, diputado presidente de la Gran Comisión, no quiso dejar pasar el golpe y presionó a la funcionaria para que respondiera sobre el caso de un terreno otorgado a una asociación civil dedicada al cuidado de niños autistas en Playa del Carmen, pero como Claudia Romanillos aparentó no saber de quién se trataba, el legislador le recordó que ese predio también era un beneficio dado a un funcionario de la administración de Roberto Borge, en este caso Gabriel Mendicuti Loría, quien se desempeñaba hasta hace unos meses como Secretario de Gobierno de Quintana Roo.
Por supuesto, durante la comparecencia, Claudia Romanillos nada dijo (y nadie le preguntó) sobre la entrega de terrenos a precios de ganga también a familiares y gente cercana al gobernador Roberto Borge, asunto que por la noche de este miércoles fue documentado en un reportaje transmitido por Denise Maerker en el noticiero estelar de Televisa.
Tras la comparecencia, los legisladores se mostraron insatisfechos e indignados con el desempeño de Claudia Romanillos, quien llegó al cargo en 2011 tras haberse desempeñado como secretaria particular de Roberto Borge, y adelantaron que esta dependencia será auditada para aclarar las dudas que quedaron para proceder con lo que a derecho corresponda.
Boletín Congreso del Estado
