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Las últimas denuncias presentadas por el gobierno del estado contra la anterior administración estatal contienen cuatro nuevos elementos que podrían significar un cambio y una aceleración en la investigación sobre el pasado reciente.
Las denuncias están dirigidas a funcionarios ligados de manera muy directa, y hasta personal, con el ex gobernador Roberto Borge, lo cual cierra el cerco alrededor de éste.
Al incluir a Eliezer Villanueva, podrían llevar la investigación hasta la época del ex mandatario Félix González Canto, en la cual el funcionario acusado fue una pieza clave en la estructura de negocios de ese sexenio
Por primera vez el gobierno habla del borgismo en términos de una “corrupción generalizada y organizada”, lo cual implica una asociación ilícita específicamente diseñada para desfalcar al estado, el más alto grado de corrupción pública, y
La actual administración reconoce, en sintonía con la que se hace en otros estados, que el objetivo es recuperar el dinero público que desapareció, porque “cualquier otro esfuerzo sería insuficiente”.
En ese contexto, las siete denuncias dadas a conocer el día de hoy tienen la particularidad de girar alrededor de nombres propios y de negocios específicos que eran la base de una trama de corrupción que podría ponerse al descubierto y sancionarse.
Entre los denunciados hay dos ex funcionarios estatales con una gran cercanía política y personal con el ex gobernador Roberto Borge.
Fernando Escamilla Carrillo, ex titular de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (Sintra) está incluido en la demanda contra los presta nombres del ex gobernador. En esa denuncia, se lo acusa de desviar 80 millones de pesos de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte de la Federación para pagarle a empresas fantasma para la construcción de caminos sacacosechas, que nunca se realizaron.
Además de su tarea en el manejo irregular del transporte pirata y la relación con los sindicatos de taxis y del transporte en general, el funcionario habría continuado con la misma dinámica recaudatoria con empresas y obras que no existen.
La ultima denuncia dada a conocer lo implica en el pago de renta de maquinarias para obras. Son más de 700 millones de pesos que se pagaron y de los cuales no existe más documentación respaldatoria que un contrato, una factura, y la copia de un cheque entregado. No hay obras que justifiquen los pagos.
La secretaria de la Gestión Pública, a cargo de Rafael del Pozo, anunció que la investigación arroja un total de más de 1500 millones de pesos en circunstancias similares, que serán motivo de otras denuncias.
Mauricio Rodríguez Marrufo, ex titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) aparece en estas nuevas denuncias como un operador de una de las principales fuentes de recursos de la pasada administración: la venta de tierras públicas a precios muy bajos a personas vinculadas al poder.
Rodríguez Marrufo, actual secretario del Ayuntamiento en Benito Juárez, vendió esas tierras muy por debajo del precio de mercado, pero además otorgando subsidios inexplicables. Las rebajas alcanzaban hasta el 75 por ciento del precio oficial.
El funcionario, otro con gran cercanía política y personal al ex gobernador, está acusado directamente de manipular durante la pasada administración municipal el Programa de Desarrollo Urbano de Cancún, para cambiar irregularmente usos de suelos y densidades que permitieran la construcción en el complejo Pok Ta Pok y en áreas de reserva ecológica, como el caso de Puerto Nizuc.
El caso de Eliezer Villanueva, acusado como funcionario de la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) donde fue secretario técnico, incluye una advertencia hacia el mismo Félix González Canto.
Villanueva está involucrado en todos los pagos irregulares dados a conocer en la denuncias, así como en la apropiación y uso ilegal de un crédito por 506 millones de pesos para obras que pidió la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) pero que terminó en la Sefiplan sin destino conocido.
Pero Eliezer Villanueva tiene una larga trayectoria en la última década. Fue director General de Administración en el sexenio de González Canto, y desde allí creo una gigantesca de red de funcionarios a sus órdenes en diversas áreas de la administración. Fue conocido como el operador financiero más cercano a los últimos dos gobernadores del estado.
En los últimos años logró imponer a parientes y amigos en control del presupuesto, Capa, Contraloría, la misma Sefiplan, Recursos Humanos y hasta en dependencias federales.
La inclusión de estos tres ex funcionarios en las últimas denuncias dadas a conocer hacen suponer que se está cerrando el cerco contra el ex gobernador Roberto Borge y quizá sobre su antecesor.
El secretario de gobierno, Francisco López Mena, dijo que las investigaciones muestran una “corrupción generalizada y organizada”, lo cual implica la existencia de una asociación ilícita de funcionarios sin otro fin que el de quedarse con el dinero público.
Rafael del Pozo mostró otra de las nuevas decisiones del gobierno de Carlos Joaquín González. Dijo que “este gobierno va a dar la pelea para recuperar el patrimonio público”, porque “cualquier otro esfuerzo sería insuficiente”.
Ante la exigencia de castigo, parece que el gobierno estatal dobló la apuesta y asumió un papel mucho más activo.
Fuente: Noticaribe
