Hasta encontrarles: una obligación del Estado

Martha Tagle (*)

Fuente: El Sol de México

1 de septiembre, 2026.- Hay ausencias que no terminan, se sientan a la mesa, interrumpen el sueño y convierten cada llamada en una mezcla de miedo y esperanza. En México, 132,844 personas estaban registradas como desaparecidas o no localizadas al 30 de agosto. Detrás de cada cifra hay una vida suspendida y una familia que pregunta dónde está y por qué el Estado no la ha encontrado.

Aunque en muchos casos no esté acreditada la intervención directa de autoridades, sus omisiones, negligencia y ausencia en las tareas de búsqueda han obligado a las familias, principalmente a las madres, a salir a buscar a quienes les faltan. La precisión importa; no todas esas personas son jurídicamente víctimas de desaparición forzada. Esta exige la intervención de agentes estatales o de particulares que actúen con su autorización, apoyo o aquiescencia. El Registro clasificaba 1,260 casos bajo esa modalidad; 322 ocurrieron en 2026.

Distinguir las categorías no disminuye la tragedia ni releva a las autoridades: incluso cuando no hayan participado en la desaparición, el Estado es responsable de actuar con debida diligencia. Ante cualquier caso debe buscar inmediatamente, investigar, identificar responsables y garantizar verdad, justicia y reparación. Cuando no lo hace, prolonga la ausencia y deja en manos de las madres una obligación que nunca debió abandonar.

También debe investigar su propia participación. En abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el artículo 34 de la Convención y remitió la situación de México a la Asamblea General por indicios fundados de una práctica generalizada o sistemática. En mayo, la CIDH documentó casos de posible connivencia entre organizaciones criminales y autoridades políticas, policiales y ministeriales. Su informe habló de más de 128 mil personas desaparecidas y de estimaciones superiores a 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia estatal.

La discusión jurídica exige rigor. Los estudios de Sandra Serrano ayudan a entender que las desapariciones actuales no reproducen únicamente el modelo de las dictaduras: operan regímenes de violencia con perpetradores difusos y relaciones cambiantes entre autoridades, delincuencia organizada, redes de trata y violencias privadas. No toda violencia criminal es atribuible automáticamente al Estado, pero la aquiescencia también puede construirse mediante protección, tolerancia e impunidad. Negar esa complejidad es tan equivocado como usarla para diluir responsabilidades.

La crisis tiene edad y género. Permanecen desaparecidas o no localizadas 17,487 niñas, niños y adolescentes. Las desapariciones de mujeres y niñas se relacionan también con violencia sexual, trata y feminicidio. Y son principalmente mujeres quienes abandonan empleos, gastan sus recursos, recorren fiscalías y excavan la tierra. El Estado les transfirió de hecho una obligación que le corresponde sin garantizar su protección.

A las familias no les sirven las disputas sobre quién produjo la cifra más conveniente. Necesitan búsqueda inmediata, investigaciones eficaces, registros confiables, protección y presupuesto suficiente. Necesitan ser escuchadas sin que el gobierno las convierta en adversarias.

Una persona desaparecida no es un expediente inmóvil. Es alguien a quien se sigue esperando. La obligación del Estado no consiste en administrar la ausencia ni en reducirla estadísticamente, sino en encontrar a cada persona y explicar qué ocurrió. Mientras las familias sigan buscando solas, ninguna autoridad podrá afirmar que está cumpliendo.

(*) Política feminista mexicana. Politóloga, egresada de la UNAM, con estudios de Género y políticas públicas por FLACSO. Consultora en Género y DDHH en MIDI. Experta en tejer redes y articular causas. Ha sido diputada y senadora. Directora del Instituto de Capacitación de Movimiento Ciudadano.