lunes , 6 octubre 2025
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Feministas exigen a fiscal la pena máxima para ex funcionario de Progreso imputado por violencia familiar

•La víctima presenta secuelas físicas y psicológicas consecuencia del martirio y tortura recibidas de manos de su agresor A.D.C.A.

Mérida, Yucatán, a 1 de mayo de 2024.– Integrantes de la Sociedad Civil Organizada, colectivas feministas, activistas y académicas solicitaron al titular de la Fiscalía General del Estado, Juan Manuel León León, y al vicefiscal Arturo José Ambrosio Herrera intervengan en el caso de B.A.R.P., víctima de violencias psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, cometidos por su ex esposo A.D.C.A, ex funcionario del Ayuntamiento de Progreso.

En una reunión realizada esta mañana con León León, las feministas exigieron a la Fiscalía no otorgar la penalidad mínima durante el procedimiento de juicio abreviado para proteger las vidas de la víctima e hija.

A.D.C.A, quien al momento de los hechos fungió como funcionario de la administración pública del Ayuntamiento de Progreso, fue imputado a proceso por violencia familiar y lesiones en diciembre 2023, violencias ejercidas delante de su hija, en ese entonces, de 3 años de edad.

Al victimario se le impuso como medida cautelar el uso de localizador electrónico y la prohibición de acercarse a B.A.R.P. Pero, infringió las órdenes de protección otorgadas a la víctima como consta en lo señalado por la Unidad de Medidas Cautelares como son:

La negativa del vinculado a someterse al cuidado y vigilancia ante dicha unidad; daño al brazalete electrónico manipulándolo con un instrumento para abrir dicho localizador y, de manera grave, en febrero de este año, en el estacionamiento público de un supermercado de Mérida y en presencia de la menor de edad, éste violentó a la víctima de nuevo.

Por los hechos anteriores, se indicó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Actualmente la víctima presenta secuelas físicas y psicológicas consecuencia del martirio y tortura recibidas de manos de su agresor y su hija presenta síndrome de estrés post-traumático, por lo que con justificada razón teme por sus vidas.

Recientemente, la defensa del victimario ha solicitado la propuesta de reducción de penas para acogerse a un procedimiento abreviado, con el objetivo de asumir su responsabilidad de los hechos, tratando de conseguir con ello una penalidad con reducción y beneficios, hecho a todas luces inconcebible ya que pondría en riesgo la vida de la víctima y su hija.

La carta fue recibida y un primer acuerdo fue la revisión de la carpeta en los próximos días ante la serie de irregularidades que se han cometido en su integración, expusieron las feministas, quienes darán seguimiento puntual y cercano a este procedimiento y/o juicio hasta obtener justicia para la víctima.

María Eugenia Núñez Zapata, coordinadora estatal de la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY), con el fiscal Juan Manuel León León, a quien le pidieron su intervención para garantizarle justicia a B.A.R.P. Fotos: Visión Peninsular
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