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El ombudsman de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén entregará un informe especial sobre el sistema penitenciario y el desempeño de policías a la nueva administración estatal y a los ayuntamientos próximos a entrar en funciones.
En el marco de una Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, dio a conocer que el objetivo de estos informes especiales, es que las y los titulares de los nuevos gobiernos conozcan, por una parte, cuáles son las principales observaciones en materia de derechos humanos de las cárceles municipales y los Centros de Readaptación Social (CERESOS) del estado.
-De esta forma se busca incidir en las políticas públicas destinadas a atender los derechos humanos de las y los internos -agregó.
Por otra parte, dijo que la Comisión de los Derechos Humanos informará sobre las quejas y recomendaciones a las policías municipales, estatales y ministeriales, con la finalidad de que se pueda concertar una estrategia que permita prevenir violaciones a los derechos humanos.
Añadió que detenciones arbitrarias así como los tratos crueles y degradantes, son los principales hechos violatorios de las quejas que se reciben frecuentemente ante este organismo en contra las corporaciones policiacas.
Ante este panorama, manifestó que se considera necesario concertar con los ayuntamientos y gobierno estatal programas especializados en derechos humanos para que se incluyan en el proceso de formación de policías para su correcta aplicación y observancia durante sus funciones cotidianas.
Recordó que el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos ha reiterado en múltiples ocasiones durante este tipo de sesiones, la importancia de estos dos grandes temas en la agenda de derechos humanos.
Refirió que como representantes de la ciudadanía, han impulsado que el trabajo de la comisión se aboque a atender los principales focos rojos en cuanto a violaciones a los derechos humanos, por lo que ante la coyuntura de renovación de los poderes, se buscará incidir que las y los nuevos gobernantes atiendan esta situación de protección de los derechos humanos y se cumplan con las recomendaciones que emita este organismo.
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