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La iniciativa privada de Quintana Roo agrupada en el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Amasfac, AMIS y Asociación de Bancos de México, entre otros consorcios, emitieron una carta pública para exigir a las autoridades estatales y municipales el cese de cobros “discrecionales y abusivos” por servicios de arrastre de vehículos.
Lo anterior, argumentó el sector privado, porque “hemos detectado algunas prácticas irregulares en las empresas que prestan el servicio de arrastre y salvamento de vehículos, situación que se refleja en acciones como obligar a los ciudadanos a utilizar su asistencia, el cobro excesivo por los servicios y, más preocupante aún, el secuestro de los vehículos hasta que se pague el costo que imponen de manera discrecional y unilateral”.
Por ejemplo, citaron, algún servicio que incluya maniobras de arrastre puede representar un incremento de hasta cinco veces en proporción al costo real.
A nombre de los residentes y turistas, siete conglomerados empresariales que incluyen compañías de aseguramiento y tiendas departamentales e incluso instituciones bursátiles, refirieron efectos negativos de estas acciones: “las empresas aseguradoras son afectadas por cobros excesivos que a su vez impactan en los costos de los seguros”.
Por ello, exigieron al gobierno del estado y a los municipios quintanarroenses que se promueva un marco regulatorio que erradique los abusos de este tipo, “y establezca el Estado de Derecho para residentes y turistas que visitan esta entidad”.
“Cabe destacar que desde abril de 2017 existe una iniciativa de Ley en el Congreso Estatal que, de aprobarse, servirá para dar orden, legalidad y justicia social en todo lo referente a este tema”.
Estamos convencidos, citan en su carta pública, que “ustedes como autoridades impulsarán leyes y reglamentos eficaces para una sociedad más equitativa, ya que este tipo de prácticas a quienes más afectan es precisamente a las clases más desfavorecidas”.
