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Publicado en Diario de Yucatán
“Acto excesivo e ilegal”
El notario público número 97, Carlos Goff Rodríguez, a quien el Gobierno del Estado suspendió de su cargo seis meses por violar la Ley del Notariado, considera que esa medida, recomendada por el Consejo de Notarios, es excesiva y hasta ilegal.
“La persona que me denunció solicitó mis servicios para atestiguar la operación de compraventa de un predio en Mérida y ya me había firmado una carta en la que me relevaba de toda responsabilidad en ese caso”, señala el fedatario.
La verdadera causa de su suspensión, según él, fue su decisión de no asistir a una junta de avenio con el denunciante, convocada por el Consejo, aunque admite que tenía la obligación de hacerlo.
“Ese fue mi único error”, apunta.
“¿El único?”, le pregunta el Diario.
“Bueno, también me responsabilizaron por no dar el aviso preventivo de compra venta y todo eso, obviamente, lo disfrazaron con que cometí faltas de providad y honradez…”
Para enfrentar la suspensión provisional de su función notarial, Goff Rodríguez anuncia que interpondrá un recurso de revisión ante los tribunales competentes. “Por supuesto que lo haré”.
En noviembre de 2018, el Consejo de Notarios entregó a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado un dictamen sobre las quejas recibidas en ese organismo contra el notario número 97, que suman nueve, pero solo una sirvió para decidir la suspensión provisional.
Se trata de la denuncia presentada por una persona que acusa a Goff Rodríguez de no entregarle la escritura que realizó en su notaría desde el 11 de mayo de 2012, por la venta de la casa ubicada en el número 558 A, de la calle 59 G, del Centro.
Anomalías
Seis meses después, el quejoso solicitó al notario copia de esa escritura, pero éste le dijo, según el expediente del caso elaborado por el Consejo de Notarios, que era imposible entregarle ese documento, ya que las firmas de los vendedores que aparecen en ella no eran idénticas a las de las credenciales del INE, con las que se habían identificado inicialmente y le informó que si los antiguos propietarios no volvían a firmar, no le entregaría la escritura.
Los propietarios, indica la denuncia del quejoso, vivían en Cancún y le cobraron $50,000 para volver a firmar, más $6,000 de viáticos.
Otra anomalía, de acuerdo con el expediente de la denuncia, es que el notario Goff Rodríguez no dio el aviso preventivo en el Registro Público de la Propiedad (RPP), como marca la ley.
En entrevista, Goff Rodríguez relata que en 2016, cuatro años después de la firma, el denunciante se presentó en su oficina para pedirle la escritura pero él no se le entregó porque no había pagado el Impuesto sobre la Renta, el de Adquisición de Inmuebles, ni tampoco “un solo centavo de honorarios”.
El aviso preventivo no se pagó, afirma el notario, “porque el señor no dio nada para gastos y para el aviso se necesita dinero”.
“¿Cuánto le debía de honorarios?”, se le pregunta.
“Ya ni me acuerdo, pero a estas alturas, hasta yo los pago…”.
No obstante, según Goff Rodríguez él acepto entregar una copia certificada de la escritura para que el quejoso pueda pedir la anulación de un embargo solicitado por los antiguos propietarios en 2013, que se logró porque ese documento no estaba en el RPP, pero que tampoco procedía ya que la escritura de 2012 incluía la libertad de gravamen.
“Le entregué la copia y le pedí una carta donde él me releva de toda posible responsabilidad por la entrega tardía de la escritura”, añade.
Una causa de ese atraso, indica, es que la casa vendida pertenecía a varios propietarios, que habían entregado un poder a otra persona. En el momento de la firma de la escritura en 2012, el poder de una de esas personas que vivía en Estados Unidos, “no estaba ‘apostillado’, y se lo dijimos, pero el comprador tardó en legalizar ese poder hasta 2015”.
Respecto a la petición para que los vendedores firmen de nuevo la escritura, cotejando sus credenciales electorales, Goff Rodríguez dice que cuando iban a cerrar la escritura se percató que las firmas no eran idénticas a las del INE. “Por eso les pedimos que firmaran de nuevo y de ese modo evitar posibles problemas en el RPP”.
Sobre si eso le costó más dinero al quejoso, el notario aclara: “eso no me consta”.
Según Carlos Goff, pese a que le entregó al quejoso copia certificada de la escritura para que inicie el procedimiento de anulación del embargo sobre su casa recién comprada, éste, en lugar de hacer eso, “fue a acusarme al Consejo de Notarios”.
Este organismo aceptó la queja y convocó a Goff Rodríguez a una reunión de conciliación para el 10 de enero de 2018, a las nueve horas.
Pero el notario decidió no asistir y en cambio envió un memorial con sus puntos de vista sobre la queja y en el que manifiesta que declina asistir por no estar en posibilidad de conciliar intereses y porque considera “que se trata de un acto atentatorio, de molestia y perjuicios”.
“Yo pensé que no había caso de ir a esa reunión, porque no había nada que discutir, ya le había dicho al demandante que le podría arreglar su asunto, pero ese fue mi error, no ir a la junta”, reitera.
Según la ley, los notarios están obligados a acudir a las reuniones de conciliación convocadas por el Consejo.
“No ir a esa junta fue el único error que cometí”, insiste Goff Rodríguez, “aunque en el fondo hay otros motivos” (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA.
Publicado en Diario de Yucatán
