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Beto Borge sigue generando controversia por los terrenos vendidos durante su sexenio, ahora sale a la luz las cinco hectáreas en Villas del Extinto CREA vendidas de manera irregular hace dos años a mil 800 pesos el metro cuadrado a una sociedad relacionada con el senador y ex Gobernador Félix González, pese a que el valor del metro estaba tazado en mil dólares.
La denuncia que incluye al ex Alcalde de Cancún, Paul Carrillo es en contra de la Sociedad “Caveri Servicios Inmobiliarios” y fue presentada por el abogado Héctor Pérez Rivero, y dos abogados más de la firma Pérez Rivero Corporativo y por Gaspar Paredes, socio de la marina Chac Chí, quienes indicaron que documentos obtenidos a través del Instituto de Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE) reveló que luego de la desaparición del fideicomiso que estaba a cargo, hubo una enajenación de bienes a favor de citada sociedad por aproximadamente 38 millones de pesos, apenas el 5% de su valor, según las estimaciones.
“Cuando desapareció el fideicomiso nunca se hizo una tramitología a través del Congreso del estado para apropiárselo y posteriormente cuando lo vende; tampoco existió subasta pública, fue una adjudicación directa la que se realizó (en 2014 se extendieron los títulos de propiedad) y posteriormente aumentaron la superficie del inmueble a través de una rectificación de medidas y colindancias, apoyado por el municipio de Benito Juárez (durante 2014 y en donde como representante encargado de catastro aparece Heyden Cebada)”, como representante legal aparece Anuar Fayad Hassan
La rectificación de un predio, detalló, puede ser de algunos metros, pero no de dos hectáreas más como se hizo en este caso, u esto que se pagaron cerca de tres mil metros cuadrados y el cambio lo incrementó a más de cinco, luego de que protocolizaron el oficio que les dio el municipio con la ayuda del notario número 8 para inscribirlo en el registro público y es justamente esta extensión la que afecta a la Marina Chac Chí.
En este sentido dio a conocer que el daño directo es a los empresarios que conforman las cooperativas, de la que dependen más de 200 familias, que ha estado trabajando desde 2001 con zona federal concesionada y que realizó un contrato de arrendamiento con la Cojudeq, por lo que debieron ser informados desde antes de que se hiciera el proceso de compra, de lo que se enteraron hasta mediados de este 2016.
“Fueron personas de la empresa Caveri con violencia, camiones. Personas con machetes y palos, quisieron tomar a la fuerza las instalaciones, mencionando que ya habían comprado los terrenos y nos dimos a la tarea de interponer un juicio de interdicto para retener la posesión, porque empezaron a colocar la malla y un muro para impedir el acceso de los clientes, incurren en un delito de despojo porque la posesión se tenía y si compraron en esas condiciones sabían que había un contrato pendiente (con vigencia hasta 2021) y derecho del tanto”, agregó.
Luego de esta denuncia por intento de despojo y el juicio de interdicto, el juez de primera instancia dio la razón, dando una prevención, un apercibimiento, a los empresarios de Caveri, para que dejaran de perturbar la posesion del terreno, pero en la apelación el magistrado Ángel Quintal Quintal (quien también ha sido denunciado en diversas ocasiones por ser operador tanto de a Borge Angulo como de González Canto) no valoró ninguna prueba y resolvió a favor de Caveri, razón por la que fue solicitado un amparo y se determino que el actual gobierno del estado tendría que demandar el juicio de nulidad absoluta de dicha venta, por el daño directo al patrimonio del estado.
Mientras se resuelve el amparo en unos seis meses, Caveri no podrá intervenir en el terreno, por lo que para dar solución definitiva al conflicto, los inconformes piden al actual Gobierno intervenir y dar resolución pronta.
Con información de Noticaribe.
