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César Rogelio Barrueta, quien fuera designado como el operador financiero en el asesinato de Ema Gabriela Molina Canto, se encuentra ahora en calidad de testigo protegido, luego que el Juzgado Segundo de Control de Mérida, diera validez al criterio de oportunidad y lo convirtiera en testigo estrella en los procesos abiertos a los otros acusados, incluido Martín Medina Sonda.
El juez Luis Mugarte Guerrero, decretó igualmente la apertura a pruebas del juicio en contra de los autores materiales del feminicidio, Óscar Miguel N. y Jonathan N., y el Tribunal de Juicio Oral en turno fijará las fechas para desahogo de pruebas, entre ellas, el testimonio de Rogelio N.
A Rogelio se le retiraron los cargos, pero permanece en una casa de seguridad de la Fiscalía General del estado, por temor a represalias, y porque recibe atención médica especializada por una enfermedad crónica degenerativa que padece, siendo el único de los cinco acusados que ha colaborado con las autoridades, proporcionando incluso datos de prueba para acreditar que Martín Medina Sonda fue quien ordenó el asesinato de Ema Gabriela.
El argumento de la Fiscalía para aplicar el criterio de oportunidad y retiro de los cargos es para obtener un bien mayor, que sería condenar a Martín Medina Sonda por feminicidio, hecho ocurrido el 27 de marzo de 2017 ejecutado por dos sicarios, quienes fueron detenidos a las pocas horas por gentes de la Secretaría de Seguridad Pública; dos días después es detenido en Ecatepec, Estado de México, César Rogelio, como el tercer implicado en el feminicidio y quien al ser presentado ante el Juez Segundo de Control, declaró e implicó a los otro cuatro acusados, incluido Medina Sonda como el autor intelectual, quien ya está vinculado por feminicidio.
El último detenido fue Juan Ramón (a) “Cachorro”, acusado por el mismo delito.
Rogelio ha colaborado con la FGE, incluso con la presentación de un documento en el cual se detalla cómo se planeó el asesinato de Ema Gabriela, y la manera en que Medina Sonda hizo llegar el dinero para la ejecución del delito, incluidos una cuenta bancaria y el nombre de una empresa desde la cual hicieron los depósitos bancarios.
