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Más de un centenar de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y familiares han rechazado la reforma a la Ley General en materia de Desaparición presentada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Denuncian que esta iniciativa no resuelve la grave crisis humanitaria que enfrenta México —con más de 129 mil personas desaparecidas— y acusan que el plan institucionaliza un sistema de vigilancia masiva disfrazado de herramienta de búsqueda.
El principal punto de controversia es la creación de una Plataforma Única de Identidad, una base de datos nacional que vincularía la CURP de toda la población con datos biométricos como huellas dactilares y fotografías. Esta plataforma, presentada como clave para activar alertas de búsqueda, permitiría monitorear de forma continua los movimientos de una persona. Especialistas en derechos digitales advierten que este sistema puede ser usado sin controles adecuados y representa riesgos de abuso por parte del Estado.
Además, los colectivos critican que la reforma omite soluciones urgentes: fortalecer las comisiones de búsqueda, mejorar el registro confiable de personas desaparecidas y atender el rezago forense, con más de 72 mil cuerpos sin identificar en el país.
Aunque el gobierno asegura que la propuesta fue construida con aportaciones de familias y colectivos, los firmantes alegan que los últimos cambios contradicen acuerdos previos y dan acceso irrestricto a órganos de inteligencia.
¿Es esta reforma un paso hacia la localización de personas desaparecidas o una amenaza a los derechos de toda la ciudadanía? El debate sigue abierto.
Fuente: ElPais
