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Como se anticipara la semana pasada, tras la revisión e investigación de 2 mil carpetas dentro del proceso de entrega recepción, el gobierno del estado encontró presuntas irregularidades financieras de la administración anterior, por lo cual Lízbeth Basto Avilés, titular de la Contraloría General del Estado (SCGEY), presentó denuncias ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, organismos fiscalizadores encargados de hacer cumplir la Ley
Se presentaron 31 querellas por un monto de más de 533 millones de pesos, por presuntas irregularidades que fueron detectadas principalmente en la Secretarías de Salud (SSY), Educación (SEGEY) y de Administración y Finanzas (SAF); la contralora general presentó ante los organismos fiscalizadores un total de treinta y un denuncias, en las cuales se exhiben pruebas de diversas irregularidades detectadas, muchas de las cuales se han denunciado a la opinión pública.
La funcionaria recordó que “al analizar las carpetas del proceso de entrega-recepción, se encontraron faltantes financieros, materiales e informativos, y en cumplimiento y respeto de la Ley se presentan las denuncias correspondientes y se tiene confianza en que la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán cumplirán con su deber de fincar y deslindar responsabilidades e informar a la sociedad yucateca”.
El poder Ejecutivo, a través de la investigación y análisis realizados de manera responsable y profesional de los procesos de entrega-recepción, cumple con la presentación de las denuncias con la obligación que le marca la Ley, así como el compromiso que marcó el gobernador Mauricio Vila Dosal de combatir de manera frontal la corrupción. Son ahora los poderes Judicial —a través del Tribunal de Justicia Administrativa— y Legislativo —de quien depende Auditoría Superior— los encargados de estudiar y juzgar estas irregularidades.
La titular de la Contraloría General del Estado sostuvo que el poder Ejecutivo “brindará todas las facilidades para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes”. Reiteró que, como es evidente, “esto no es un asunto político, sino un tema estrictamente jurídico resultado de los procesos de entrega-recepción”.
Otras de las dependencias involucradas en las denuncias presentadas por la Contraloría General del Estado son las Secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Fomento Turístico, así como también los Institutos de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), del Deporte (IDEY), de Seguridad Jurídica y Patrimonial (INSEJUPY), y para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (IDEFEY). También, el Colegio de Bachilleres (COBAY), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP) y el Hospital Comunitario de Peto.
