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Chetumal, Quintana Roo – La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha determinado que el municipio de Othón P. Blanco no realizó un uso eficiente de los fondos federales durante la gestión 2021-2024, promoviendo expedientes de responsabilidad administrativa contra altos funcionarios de la Tesorería Municipal, la Oficialía Mayor y la Dirección de Obras Públicas de la administración municipal de ese periodo.
Tras ordenar la devolución de un millón de pesos por gastos no comprobados, la ASF ha puesto la lupa sobre más de 16 millones de pesos cuyo destino no ha sido justificado por el ayuntamiento capitalino. Las auditorías realizadas en 2023 a las Participaciones Federales a Municipios, al Fortamun y al Faismun han arrojado resultados alarmantes, evidenciando desde la construcción de obras en zonas deshabitadas con miles de beneficiarios reportados falsamente, hasta la sospechosa subdivisión de contratos para evitar licitaciones y la falta de documentación en la adquisición de maquinaria pesada y equipo especializado.
La lupa de la ASF revela un patrón de irregularidades:
- Tesorería Municipal: Se detectaron inconsistencias por 10 millones 622 mil pesos del Fondo de Participaciones Federales.
- Oficialía Mayor: Se solicitó la aclaración de más de cuatro millones de pesos del Fortamun destinados a la compra de equipo esencial.
- Dirección de Obras Públicas: Las irregularidades incluyen la obra en zona deshabitada y la subdivisión de contratos de alumbrado público por un total de 16.6 millones de pesos.
La ASF ha promovido acciones legales contra Miguel Zogby Cheluja (ex Tesorero Municipal), Javier Regalado (ex Oficial Mayor) y Jorge Domínguez Urrea (ex Director de Obras Públicas) por su gestión durante el periodo auditado. Un aspecto que ha generado controversia es la actual posición de uno de estos exfuncionarios como Auditor Superior del Estado de Quintana Roo.
Ahora, la Contraloría Municipal de Othón P. Blanco tiene la crucial tarea de investigar y sancionar a los responsables. La ciudadanía estará atenta al desarrollo de estos procesos, exigiendo que se esclarezca el destino de los millonarios recursos federales y que se aplique la ley. Este caso en Quintana Roo subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.
